Ciudad de México.- Los senadores integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social se reunieron con Basilio González Núñez, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), donde coincidieron en desaparecer esta comisión y buscar alternativas para mejorar la política salarial del país.
En la reunión se analizaron los criterios con los que se fijarán los salarios mínimos en 2019 y se pensó en cómo hacerlos compatibles con la nueva política de justicia laboral que aplicará la próxima administración federal.
El senador Napoleón Gómez Urrutia aseguró que después de 30 años la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no tiene capacidad para mejorar la política salarial del país.
Argumentó que los acuerdos tripartitas -casi siempre en función de lo que está dispuesto a pagar la clase empresarial-, son el principal factor que impide una mejora salarial para la clase trabajadora.
El legislador destacó como presión adicional, que dentro de la actualización del Tratado México, Estados Unidos, Canadá hay un nuevo capítulo sobre derechos laborales.
Ambos países han presionado para que México suba sus salarios, para que trabajadores mexicanos ganen más y que la competitividad y flexibilidad de las empresas no esté basada en los salarios bajos con que vive la clase trabajadora.
El presidente de la Conasami dijo que en los últimos años se recuperó el poder adquisitivo del salario mínimo en alrededor de 15 por ciento, lo que no se había hecho en los últimos 40 años.
“Estamos lejos de lo que debe ser el salario mínimo. No cumple con el mandato constitucional ni con los tratados internacionales en la materia.”
Luego explicó que en este momento no hay acuerdos para fijar el mínimo para el año entrante.
Por disposición legal, en noviembre la Comisión tiene que entregar un estudio que sirva de referencia al consejo de representantes para la posible fijación salarial.
El funcionario apuntó que si la Reserva Federal de Estados Unidos aumenta aunque en medio punto o un cuarto de punto sus tasas, impactará en la economía mexicana en cerca de 20 mil millones de pesos adicionales a pagar por el servicio de la deuda. BP
