México.- La Comisión de Seguridad del Senado, en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, analizará la eliminación de los “tiempos fatales” en la certificación de policías federales y, en particular, estatales y municipales, ante la imposibilidad de cumplir con la acreditación nacional el 31 de octubre próximo.
También se estudia modificar el diseño de evaluación policial, ya que se enfrentan problemas estratégicos como la deficiencia de especialistas en polígrafo y psicólogos.
Lo anterior en la comparecencia del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, quien reconoció que en los adelantos de los procesos de evaluación por el CENCA y centros locales se ha logrado en las instituciones federales, al 30 de junio, el 98 por ciento, “mientras que en las entidades federativas reportan un avance en conjunto del 63 por ciento”.
“Llegamos a tener evaluados el 88 por ciento, hoy, en julio de 2013 tenemos evaluados el 77 por ciento y evidentemente, cuando empiecen a tomar posesión las nuevas administraciones que vienen del proceso electoral del día 7, tendremos que reiniciar el proceso de evaluación… esto es un poco una carrera contra el tiempo”.
Y en este contexto, se pronunció también por establecer exámenes diferenciados, pues otro de los problemas es que “no es posible calificar como iguales a los desiguales”, pues no es debido emplear los mismos mecanismos a policías avocados al combate a la delincuencia que a elementos destinados a la seguridad en las calles, por ejemplo.
Ante esta situación, el presidente de la Comisión de Seguridad, Omar Fayad manifestó su convicción de que existen “fallas de origen” en el Programa de Evaluación y Certificación de los cuerpos de Seguridad Pública, planteado por la pasada administración, los cuales deben corregirse.
“No quiero decir errores, no quiero decir incumplimientos, creo que hubo fallas de origen, creo que quienes lo estructuraron, quienes lo decidieron, quienes lo plantearon, en algunos casos me parece que no tenían idea de la parte operativa del programa”.
Las autoridades del gobierno calderonista “al estar desesperados tratando de dar respuesta a la sociedad del problema de inseguridad, echaron mano de lo que tenían cerca y lo que les pareció más o mejor acabado pues era la experiencia del CISEN en materia del control de confianza”, sin considerar que esta es una institución cerrada, “donde la parte más importante que es la decisión de si se queda o no la persona a la que se le deposita la confianza la tiene el titular. Es un error de cálculo gravísimo”.
El senador Teófilo Torres recordó que en 2012 el Congreso aprobó una prórroga del 31 de diciembre de ese año octubre de este año para que se cumpliera con la certificación de la totalidad de las corporaciones policíacas en el país, “y yo estoy seguro que no están los estados y menos los municipios para cumplir con esta fecha fatal, que de acuerdo a la Ley quien no esté certificado el día primero de noviembre queda automáticamente fuera de las corporaciones policíacas y a mi me parece que este país no puede quedarse sin policías”
Ante ello se pronunció porque se dé un nuevo plazo, pues “la ley debe cumplirse y vamos a tener que escoger entre lo deseable y lo posible y lo posible no creo que pueda tenerse el 31 de octubre”.
Por otra parte, ante las inquietudes manifestadas por los senadores en cuanto a la aplicación del polígrafo, el funcionario Rubido García apuntó que es fundamental no estigmatizar este control de confianza.
Ello, explicó, porque el polígrafo “es una de las cinco herramientas de evaluación que nos da la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, junto con los exámenes médico, psicológico y psicométrico, toxicológico y de entorno social, los cuales tienen peso en su conjunto.
En este esquema, reprochó que existan funcionarios que, al pretender desechar a un elemento, le argumenten que no pasó el polígrafo, “eso no es viable, simple y sencillamente, y aquí yo me remitiría a lo que establece el artículo 14 constitucional, que todo mundo tiene derecho a ser escuchado, a poder probar sus elementos y no es una decisión administrativa como se le puede dar de baja, pero no es el argumento único o sine qua non por el cual pueden dar de baja a un elemento”.
“Soy un convencido de que la ciudadanía demanda, y con legítima razón, que haya policías cada vez con mayores elementos de control para el desarrollo de sus funciones, por lo tanto creo que es indispensable que busquemos fortalecer, a la vez que agilizar los esquemas de control de confianza… que los podamos adecuar a la realidad y funcionalidad de cada una de las entidades y municipios”.
Destacó entre los beneficios “el impacto que genera, que no se logra con ninguna otra herramienta que haya en el mundo de la evaluación, la prevención al tener la confiabilidad en la persona en la que se logra depositar una función sensible.
De igual forma, concluyó, “hay un control de los riesgos para las propias instituciones, que sabrán con base en las evaluaciones, qué tipo de servidor público estará integrándose a sus filas y finalmente nos da una oportunidad de una adecuada administración de recursos humanos”. BP
