Colima.- El colectivo Salvemos Cuyutlán respondió a las declaraciones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Colima y posteriormente en su conferencia matutina, señalando que su movimiento no tiene filiación partidista y exigir al Gobierno Federal un proceso de diálogo y participación efectiva en torno al proyecto de ampliación del Puerto de Manzanillo.
A través de una carta abierta dirigida a la presidenta, pescadores, salineros, agricultores, apicultores y ciudadanos que integran el movimiento rechazaron haber participado en una protesta con fines partidistas y cuestionaron que se les haya señalado como un grupo minoritario y politizado.
El colectivo aseguró que quienes participaron en la manifestación provienen de distintos municipios, entre ellos Manzanillo, Armería, Tecomán, Colima y Villa de Álvarez, y sostuvieron que su movilización responde a la preocupación por el futuro de la Laguna de Cuyutlán y de las comunidades que dependen de ella.
“Esta lucha es de las comunidades y de la Laguna de Cuyutlán como sujeta de derechos”, señalaron en el documento, en el que además se deslindaron de cualquier partido o político que pretenda asumir la representación del movimiento.
Uno de los principales cuestionamientos del colectivo se refiere a las declaraciones de Sheinbaum sobre la existencia de mesas de trabajo con pescadores y salineros.
Salvemos Cuyutlán afirmó que no existe una mesa de negociación y sostuvo que los acercamientos realizados por la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) y el Gobierno del Estado se han limitado a propuestas de “reconversión económica” e incentivos dirigidos a las comunidades.
De acuerdo con el colectivo, estos acercamientos se han realizado de manera separada y sin transparencia, sin reunir a los distintos grupos involucrados ni proporcionar información completa sobre el proyecto.
“Eso no es diálogo. Es negociación dividida para debilitar a las comunidades”, afirmó el movimiento en su carta.
El colectivo también rechazó que haya existido una consulta legítima sobre el proyecto.
Señaló que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) continúa en proceso de evaluación y que la consulta pública y la reunión pública informativa realizadas previamente no garantizaron, desde su perspectiva, una participación efectiva de las comunidades afectadas.
Salvemos Cuyutlán cuestionó particularmente que parte del proceso se haya realizado en línea, al considerar que esto dejó fuera a personas adultas mayores y habitantes de comunidades con dificultades para acceder a internet o utilizar herramientas digitales.
También señaló que durante la reunión pública informativa hubo personas que viajaron desde distintas comunidades y no pudieron ingresar debido a las limitaciones de aforo.
El colectivo sostiene además que actualmente la evaluación de la MIA se encuentra suspendida a la espera de información adicional solicitada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Aseguran que llevan dos años y medio buscando diálogo
Ante el llamado a recurrir a la vía pacífica e institucional, Salvemos Cuyutlán afirmó que esa ha sido precisamente su estrategia durante los últimos dos años y medio.
El movimiento señaló que durante ese periodo ha presentado oficios y solicitudes de reunión ante autoridades municipales, estatales y federales, solicitado audiencias con la presidenta y la gobernadora de Colima, acudido ante Semarnat y entregado cartas de cooperativas pesqueras y salineras.
“Gritar frente a la Presidenta de la República no fue nuestro primer recurso: fue uno de los últimos que nos quedaba”, señalaron.
También acusaron que diversos proyectos relacionados con la infraestructura portuaria han sido autorizados de manera fragmentada, entre ellos obras carreteras, terminales de hidrocarburos, patios de contenedores y bardas perimetrales, lo que, según su postura, permite avanzar con partes del proyecto sin evaluar de manera integral sus impactos.
El colectivo exigió a Sheinbaum una disculpa pública por haberlos señalado como un grupo partidista y minoritario, así como por cuestionar la legitimidad de su protesta.
Además, solicitó información pública y verificable sobre las supuestas mesas de trabajo; un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada; la revisión de la fragmentación de la Manifestación de Impacto Ambiental y de los cambios de uso de suelo relacionados con el proyecto.
Salvemos Cuyutlán también pidió un proceso de participación pública en el que puedan intervenir conjuntamente los distintos colectivos y sectores afectados.
El movimiento reiteró que no está en contra del desarrollo, pero exige que cualquier proyecto respete a las comunidades, el medio ambiente y el territorio, bajo los principios establecidos en el Acuerdo de Escazú, instrumento internacional que México ha ratificado.
Finalmente, Salvemos Cuyutlán reiteró su oposición a la ampliación del Puerto de Manzanillo en la Laguna de Cuyutlán.
El colectivo sostiene que la expansión tendría impactos sobre un humedal reconocido como sitio Ramsar y sobre las comunidades dedicadas a la pesca y la producción de sal.
De acuerdo con el documento, más de mil 500 familias salineras y pesqueras dependen de la Laguna de Cuyutlán.
“Eso no tiene tinte político sino sentido común”, afirmó el movimiento, que hizo un llamado a la sociedad civil de Colima a sumarse a la defensa del territorio.
“No pedimos que se nos conceda el derecho a ser escuchados. Exigimos que se respete”, concluye la carta abierta.
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