El gobierno de México confirmó que Florence Cassez no puede ser trasladada a Francia para cumplir su sentencia de 60 años de cárcel por secuestro, porque no se puede consentir que su país permita la reducción o, incluso, la anulación de la pena.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recalcó, en un comunicado, que México cumplió con revisar la posibilidad de aplicar el Convenio de Estrasburgo sobre Traslado de Personas Condenadas al caso de la nacional francesa, sin embargo, indicó que producto de esa minuciosa exploración: “Florence Cassez no puede ser objeto de traslado”.
Subrayó que en México, el delito de secuestro se sanciona con la pena máxima. “Se trata, en efecto, de una severa disposición legal que expresa la profunda condena de la sociedad mexicana a ese crimen y su determinación por erradicarlo.
“Ése es el castigo que pueden esperar todos aquellos que sean condenados en México por este grave delito, sean mexicanos o extranjeros”, sentenció.
El pasado miércoles, el vocero del gobierno de francés, François Baroin, solicitó a México, “respetar los convenios internacionales que había firmado, en particular, el que concierne el traslado a su país de origen de personas condenadas definitivamente en el extranjero”.
En respuesta, la cancillería expuso que el presidente Calderón en ningún momento se comprometió a la realización del traslado de Florence Cassez, y sólo se comprometió, en una carta dirigida al presidente Nicolás Sarkozy el 6 de febrero de 2009, a explorar la aplicabilidad de dicho convenio hasta que quedase firme una sentencia condenatoria,
Convenio que establece “clara e inequívocamente que se requiere el consentimiento del Estado de sentencia y del Estado de ejecución para que se apliquen sus disposiciones. Esto es, el traslado es potestativo para el Estado requerido”, indicó la SRE.
La decisión del gobierno mexicano tiene sustento en las marcadas diferencias entre los sistemas jurídicos mexicano y francés que impiden que Florence Cassez cumpla en Francia plenamente la pena aplicada por la justicia mexicana.
Además, para México, aseguró la cancillería, es condición primordial la ejecución de la totalidad de la pena de 60 años de prisión, ya que la ley no permite que en casos de delitos graves como el de secuestro haya beneficios preliberatorios y reducción de sentencias.
Con información de Crónica.
