Manzanillo. — La detención de ocho policías municipales de Manzanillo por su presunta colaboración con el crimen organizado es resultado de una investigación de inteligencia que expuso una red interna de filtración de información estratégica hacia una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, reveló la Fiscalía General del Estado durante la rueda de prensa de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad.
El Fiscal General del Estado, Bryant Alejandro García Ramírez detalló que el caso tiene su origen en las investigaciones por el homicidio de Alfredo Chávez, ex secretario del Ayuntamiento de Manzanillo, ocurrido el 14 de febrero de 2024.
A partir de ese hecho, se desarrollaron trabajos de campo y gabinete que derivaron en un cateo en un inmueble de la colonia Santa Amalia, en la ciudad de Colima.
En ese lugar fueron asegurados dos teléfonos celulares, cuyos datos, tras obtener autorización judicial para la intervención de comunicaciones privadas, permitieron acceder a información clave.
El análisis forense digital evidenció el uso de aplicaciones de mensajería cifrada, entre ellas “Threema”, así como la existencia de un grupo denominado “Group Reportes”.
De acuerdo con la Fiscalía, este grupo era utilizado para reportar en tiempo real actividades de corporaciones de seguridad estatal y federal. Entre la información compartida se encontraban detenciones, instalación de retenes, operativos en curso y reportes emitidos desde el sistema C5.
“El origen de esta red necesariamente se encontraba dentro de las corporaciones de seguridad y justicia”, explicó el fiscal, al subrayar que la naturaleza de los datos filtrados implicaba acceso directo a información institucional.
A partir de estos hallazgos, y mediante el cruce de información tecnológica y convencional, se logró identificar a ocho elementos activos de la policía municipal de Manzanillo como presuntos integrantes de esta red de filtración.
Según la investigación, los agentes no solo compartían información, sino que brindaban apoyo logístico a una célula criminal, facilitando la evasión de operativos y la ejecución de actividades ilícitas, particularmente durante diciembre de 2023.
Los detenidos cuentan con trayectorias prolongadas dentro de la corporación, algunos con más de dos décadas de servicio, lo que, de acuerdo con las autoridades, les permitía acceso privilegiado a información sensible.
Con base en los datos de prueba recabados, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión por los delitos de:
Uso indebido de información sobre actividades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y del sistema penitenciario, en agravio del Estado.
Asociación delictuosa, en agravio de la sociedad.
Las órdenes fueron autorizadas por un juez de control y ejecutadas en un operativo conjunto con participación de la Fiscalía, Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.
Los ocho imputados fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de Manzanillo, donde permanecen a disposición de la autoridad judicial en espera de la audiencia de imputación, que podría realizarse en las próximas horas.
Depuración institucional y refuerzo operativo
Durante la misma rueda de prensa, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo informó que los elementos fueron dados de baja de manera inmediata al confirmarse su presunta traición a la confianza ciudadana.
Asimismo, reiteraron que continuarán las acciones de depuración en todas las corporaciones del estado, bajo la premisa de que ningún servidor público involucrado con la delincuencia quedará impune.
Además anunció que como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad, se anunció el despliegue de 70 nuevas unidades en el estado, incluyendo 24 patrullas para la Policía Estatal, además de operativos coordinados con fuerzas federales.
Las autoridades enfatizaron que este caso refleja la efectividad del trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional, y reafirmaron su compromiso de combatir la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas.
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