Colima.- El rector Miguel Ángel Aguayo respondió a las “acciones” anunciadas y no precisadas por el SUTUC en los medios de comunicación de que si en ocho días no se resuelve el asunto del Fondo Social de Apoyo a Pensionados, tendrían paros laborales.
El líder universitario dijo que la respuesta es con la firme convicción de privilegiar el buen funcionamiento de la institución, la premisa de propiciar fundamentalmente el diálogo para resolver los problemas y de que prive la transparencia en el manejo de la Universidad de Colima,
Aunque aseguró que la U de Colima no ha recibido ningún anuncio oficial de ese plazo perentorio, el dirigente dijo en entrevista radiofónica estar preocupado por ese “ultimátum” y apeló a la madurez y a la inteligencia del líder del sindicato, Leonardo Gutiérrez Chávez para resolver cualquier posible conflicto, al tiempo que habló de las condiciones en que se encuentra el FOSAP y su desarrollo a través de los últimos años.
En el programa matutino del periodista Max Cortés, el rector afirmó que sí ha habido disponibilidad de parte de la rectoría en este tema del FOSAP, aunque concedió que no se ha llegado a concretar un consenso real. Asimismo, mostró el reglamento donde dice que la gratificación mensual que se otorgará a los trabajadores que cumplan con los requisitos de este reglamento será con cargos al Fondo Social de Apoyo al Pensionado.
Por lo tanto, dijo que no se está haciendo nada irregular al pagar la nómina de pensionados y jubilados con cargo al fondo, puesto que está en el reglamento y existen las cláusulas que las conoce perfectamente la parte sindical. Además, aseguró que sí hay una irregularidad de fondo y que atañe a las dos partes, y es que la comisión del FOSAP jamás se instaló, desde que se conformó el fondo en 2001, acaso por la confianza que había de las partes.
Relató que cuando asumió la Rectoría en 2005 encontró que la Auditoría Superior de la Federación auditaba a 28 universidades, donde no participa la Universidad de Colima, pero es una auditoría que le hacen a la SEP y a todos los fondos de pensionados y jubilados. “Y de ahí voy a partir, porque me hago responsable de la conducción de la institución a partir del primero de febrero del 2005, porque lo que es para atrás corresponde a otras personas”.
En esta auditoría, prosiguió, resulta que la U de Colima obtuvo en 2002 para este fondo de recursos federales por ocho millones de pesos y en 2003 otros 19, que dan un total a 2005 de 27 millones 770 mil pesos. Ahí se dice que la U de C es una de las cinco universidades privilegiadas que todavía pueden otorgar dos pensiones, la pensión que otorga la Universidad y la pensión que otorga el Seguro Social; en 2005 había 119 jubilados y hoy son 394, casi el triple en cinco años.
Entonces, asentó Aguayo López, hoy hay 610 millones en el fondo y en ese sentido el pago de la nómina está estipulado en el reglamento, no es que sea unilateral es que está reglamentado, es el reglamento del FOSAP, “y hay una irregularidad administrativa que la comisión no se instaló ni en 2001 ni en 2002 y se instaló hasta ahora que surgió el problema del FOSAP, hasta ahora se instaló la comisión”.
Asimismo, el rector concedió que no se estuvo depositando al FOSAP porque de ahí estábamos pagando la nómina y hay un artículo aquí que dice: “La Universidad de Colima se compromete a buscar las mejores tasas de inversión para que el FOSAP pueda obtener los mejores dividendos”, y la mejor estrategia es no tocar el fondo para pagar la nómina con lo que aportan los trabajadores en la Universidad y complementarla con recursos propios de la institución, para no tocar el fondo.
“Esta es la estrategia que nos ha permitido prácticamente en cinco años triplicar el fondo, de otra manera la Universidad se va a comprometer a aportar lo que da el trabajador, lo que da la institución y jalar del fondo lo que haga falta, porque hay que decirlo, la nómina de pensionados está creciendo, yo recibí una nomina anual de 25 millones, lo dice también la Auditoría Superior de la Federación, y el año pasado ya fue de 65 millones”, puntualizó.
Al hablar del problema real que hoy se afronta, dijo Miguel Ángel Aguayo, es que se pidieron los dictámenes de los jubilados para cotejarlos con la nómina, para ver si la nómina que se está pagando corresponde a lo que se dice, “están en todo su derecho, lo que veo un poco delicado es que hablen de un ultimátum. No, el ultimátum debe ser para todos. La comisión la conformamos el sindicato y la Universidad y en ese sentido he tenido la posibilidad de trabajar muy de cerca, pregunté a la Unidad de Transparencia si era necesario para poder aportar al documento tener alguna autorización especial del trabajador para proporcionar nosotros el dictamen de jubilación”.
Luego se refirió de nuevo a que en la última sesión de la comisión se acordó que en la siguiente oportunidad se iban a tener los dictámenes, “entonces este ultimátum de ocho días no me causa más que preocupación porque ahí están los datos, a nadie más que a mí me interesa que salga la verdad y a nadie más que a mí me interesa por el bien de la institución que seamos transparentes”.
“Por otra parte, en la reunión que se tuvo con pensionados y jubilados, el licenciado Humberto Silva propuso que para aclarar todo esto se pidiera la información al fiduciario y así se hizo y en cuanto se tenga se dará a conocer, el fiduciario era el Banco Somex, que después fue Serfin y ahora es Santander”, dijo el dirigente de la Universidad.
Agregó que la rectoría siempre ha sido de puertas abiertas y dijo estar siempre dispuesto al diálogo, por lo que “el líder sindical, que tiene la inteligencia suficiente debe saber que lo que tenemos que tener como objetivo es la institución y en ese sentido, pues otra vez el compromiso de mantener el diálogo, de prestarles toda la documentación que requieran para darle transparencia al FOSAP”.
Dijo el rector que hizo un compromiso, “y aquí lo refrendo públicamente: el año que entra solicitaré a la Auditoría Superior de la Federación audite nuevamente a la Universidad en el ejercicio de 2012, para que el que llegue lo haga tranquilo”.
Finalmente, Aguayo López comentó que para asegurar la viabilidad del fondo de pensiones hay estudios actuariales que ya se hicieron y que se requiere una aportación del 22.5 por ciento para darle vigencia los próximos cincuenta años: hoy se aporta el quince por ciento y entonces faltaría un 7.5. “Ese es un reto, que ya no me va a tocar a mí, que le va a tocar al rector que venga, pero ya está el análisis hecho, necesitamos aportar el 22.5 por ciento de la nomina en activo para garantizar cincuenta años del fondo. La única Universidad que tiene una solvencia económica para los próximos setenta años es la UABC (Universidad Autónoma de Baja California) y habrá que ir a ver cómo le están haciendo para fortalecer nosotros también el fondo”.
