Magistrada Licda. Rocío López Llerenas Zamora
“A la Opinión Pública:
“De inicio, quiero dejar en claro que respeto, quiero y confío en el Poder Judicial pues es la Institución en la que me he formado, pero también quiero dejar muy claro que no miento.
“Con relación a la inserción pagada publicada en su prestigioso diario, (con recursos supongo del presupuesto del tribunal) y suscrita por el presidente y cinco compañeros magistrados, me permito puntualmente precisar los siguientes comentarios:
“Respecto al contenido del primer punto, en el que señalan ‘1.-Que no existen irregularidades en el manejo del fondo Auxiliar’, y aclaran que la cantidad a que ascendía el mismo era de $9´329,033.49 y que no $10´000.000 como lo mencioné en mi declaración, y que finalmente se gastaron sólo $7´982,297.29 en diversos rubros como son obra pública, adquisición de equipo de computo, adquisición de mobiliario y equipo de administración, vehículos y equipo de transporte, instalaciones en general, mantenimiento y conservación de bienes muebles, inmuebles y equipo de computo, capacitación y estimulo de antigüedad, quedando a la fecha $1´346,736.20 y no $300,000.00 como señaló la suscrita. (Esa cantidad o menos fue la que nos dio a conocer en una sesión ordinaria, sorprendiéndonos a todos los magistrados, excepto el presidente, por supuesto).
“Considero reprobable que se haya dilapidado el Fondo Auxiliar en beneficio de la Administración de Justicia, pues no veo en que forma tales erogaciones ‘fueron benéficas para usuarios y trabajadores del poder judicial’, pues se han gastado más de dos millones y medio de pesos en onerosas ‘remodelaciones’ en la oficina del presidente, la sala de plenos, el cubículo de uno de los magistrados que lo apoyan y en cambiar parte del piso del Palacio de Justicia. Los resultados están a la vista de todos, y es innegable que las obras realizadas en el edificio no se corresponden con los montos reportados. ¿Se justifica acaso tales inversiones cuando no se cuenta con dinero suficiente para pagar a la Dirección de Pensiones? ¿No se hace acaso mal uso de los recursos ante la insuficiencia presupuestal, como lo mencionan en el punto dos de su desplegado?
“Se reconoce también que se ha gastado más de un millón de pesos en equipos de cómputo, y yo francamente desconozco adónde han ido a parar tantas computadoras, o si les han costado muy caras, porque con esa cantidad era para que todo el Poder Judicial contara con equipos de última generación, cuando no es así, y eso se puede corroborar con una simple inspección en cada Sala o Juzgado.
“Se admite también que se ha erogado casi un millón y medio de pesos en capacitación, cuando esta Presidencia se ha distinguido por su casi nula actividad académica, al haber organizado no más de 10 cursos o talleres al respecto (la mayoría de ellos ajenos a las materias jurídicas), con un costo que, yéndonos a un extremo, no ha rebasado el medio millón de pesos. Por eso yo pregunto: ¿adónde fue a parar el millón de pesos restante? Como dato curioso ¿creería el respetable lector que se contrató a un conferencista para hipnotizar a los Magistrados y Jueces que no estaban de acuerdo con el presidente?
“Igual de cuestionable resulta la adquisición injustificada de una camioneta último modelo, con un valor cercano al medio millón de pesos ($480,000.00) destinada casi exclusivamente para el uso personal del presidente o de sus colaboradores, cuando el Tribunal cuenta no sólo con otra camioneta, marca Suburban de modelo reciente, un vehículo Attitude también de modelo reciente prestado por el Gobierno del Estado, que al parecer utiliza exclusivamente la secretaria privada del presidente, misma persona que, por cierto, tiene percepciones superiores a las de un Juez. Lo anterior sin mencionar otros vehículos diversos al servicio de la Presidencia.
“Si esto no son suficientes indicios de mal uso de recursos, ¿como podría llamarse?
“Con relación al punto 2.- del desplegado, puntualizo:
“Los señalamientos que hice en días pasados, no fueron hechos a la ligera, ya que se sustentan en una respuesta a una solicitud de transparencia, firmada por la Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado, que prueba la veracidad de mi denuncia.
“Obra en mis manos un documento oficial, emitido por una dependencia del propio Tribunal en enero de este año, en donde consta que, como reconocieron mis compañeros Magistrados, el Poder Judicial del Estado tiene un adeudo de casi cuatro millones de pesos (3´929,718.76) con la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado. Sin embargo, omitieron mencionar que esta deuda se viene arrastrando desde el mes de julio de 2011. Tampoco precisaron, como se advierte en este documento, que el último pago a Pensiones se hizo en noviembre de 2011, y fue el correspondiente al mes de agosto del año pasado; ni aclararon que el Poder Judicial no ha liquidado los montos que debe entregar a dicha Dirección desde septiembre del año pasado. A menos que con motivo de mi denuncia se hubiera pagado tal adeudo.
“De igual modo, y corroborando lo confesado por mis compañeros magistrados en su desplegado, se puede constatar que las aportaciones a Pensiones no fueron cubiertas, debido a que, según se señaló en dicho documento, el Presupuesto autorizado para el año 2011 fue insuficiente y, por ello, el dinero que debía entregarse a dicha Dirección fue utilizado ilícitamente para cubrir las percepciones a los jubilados y pensionados del Poder Judicial. Esta situación resulta particularmente grave.
“Las aportaciones a Pensiones no constituyen un recurso presupuestal del cual pueda disponer la Presidencia, bajo ningún concepto; son deducciones al salario que, por ley, se nos hacen a todos los trabajadores del Poder Judicial, y deben ser entregados inmediatamente a la Dirección respectiva. Al destinar ese dinero a un fin diverso para el cual nos fue descontado, es claro que se actuó ilícitamente, generando con ello serios inconvenientes a quienes laboramos en la Institución. Que se pregunte a los empleados del Poder Judicial si no es cierto que se les negaban los préstamos solicitados de su propio fondo, por no haberse cubierto las aportaciones a la Dirección de Pensiones.
“Sin embargo, es más grave todavía la ‘justificación’ referida por los magistrados firmantes del desplegado. El pago de las pensiones y jubilaciones del Poder Judicial se debe hacer, ordinariamente, con fondos etiquetados para ese fin en el Presupuesto de Egresos. Entonces, si no hubo recursos para pagarles, es evidente que ese dinero no fue suministrado al Poder Judicial o, peor aún, fue gastado indebidamente en otros conceptos. En cualquier caso, es obvio que, si el presupuesto no era el necesario, el presidente debió haber gestionado una ampliación presupuestal al gobernador, y no desviar el dinero destinado a Pensiones; numerario que, lo reitero, son recursos ajenos al Poder Judicial, de los cuales no puede disponer la Institución. Inclusive, se pudo haber tomado prestado del propio Fondo Auxiliar, pero esta posibilidad ni siquiera se consideró, porque se había gastado el dinero en otras prioridades como ya lo aceptaron mis compañeros magistrados, quiere decir entonces que no se utilizó el numerario por excepción para resolver una situación extraordinaria, sino que ha sido una mala práctica que no ha podido resolver nuestro representante, cuando sabemos que pudiera haber conseguido el apoyo gracias a su cercanía con el Ejecutivo y los Legisladores.
“Atendiendo a lo expuesto, me resulta paradójico que se hable de honorabilidad, o que se me impute el hecho de poner ‘en entredicho la honorabilidad de la Institución como la de sus integrantes’. Cada uno es responsable de su propia conducta, señores Magistrados, si realmente tenemos el compromiso de cumplir la ley y hacer cumplir las leyes que nos rigen, ¿por qué en la última sesión de pleno ordinario celebrada el pasado martes se hicieron discrecionalmente 10 nombramientos de nuevos funcionarios, violando flagrantemente la Ley Orgánica del Poder Judicial?
“Respecto al punto número 3.- referente a la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los próximos días interpondré, junto con otros compañeros magistrados, un recurso legal en contra de la misma, atendiendo sobre todo al viciado procedimiento legislativo y a las absurdas motivaciones en que fue sustentada, muy distintas, por cierto, a las razones que ahora se hacen valer para ‘justificarla’. Sería saludable que, si tan preocupados están por los asuntos judiciales, los Diputados de la mayoría, mejor se interesaran por la severa problemática económica que aqueja al Poder Judicial, en lugar de buscar, por todos los medios, allanarle al presidente un camino que él mismo llenó de obstáculos y justificar a priori las cuentas del Poder Judicial, de un ejercicio que por cierto no corresponde a la administración del actual presidente.
“En razón de las consideraciones anteriores, rechazo tajantemente las tergiversadas afirmaciones que se vierten en dicho desplegado en contra de mi persona tratando de desvirtuar mi denuncia, y pretendiendo desacreditar mi carrera pública. No pretendo confundir a la sociedad y mi único interés es que se cumpla con la Ley, Sr. Presidente, debe tener en cuenta que la voluntad de un líder, representante del Poder Judicial, debe de estar encaminada a convencer con argumentos a sus homólogos, y no a tratar de hacerlos a un lado con el único fin de resultar vencedor sobre ellos, llegando incluso al extremo de pedir que se modifique la ley, antes que cumplir con ella.
“Por último, y así lo espero, pues lo menos que deseo es confrontarme, quiero dejar en claro que el argumento de que la reforma fortalece al Poder Judicial, como se asienta en el desplegado en cita, resulta absurdo, como el hecho de que se evite la inasistencia deliberada de algunos integrantes del órgano colegiado, pues si ahora sólo se requiere de la concurrencia de cinco Magistrados para sesionar válidamente, pues ¿para que irían los otros cinco? Desafortunado resulta también lo manifestado en el sentido de que la reforma ‘es buena para el magistrado que desea asistir a las sesiones y lesiva para quien no desea hacerlo’ (?).
“Por otra parte, si se tiene en cuenta que en esta presidencia se volvió un hábito sesionar solo una vez por mes, de preferencia los días lunes, es irracional decir que ‘en cuatro ocasiones consecutivas en el pasado mes de marzo falte injustificadamente a las sesiones de Pleno’, pues sólo hubo una sesión ordinaria de Pleno en dicho mes, sesión en la cual estuve presente, (a menos que ahora se diga otra cosa) pudiendo demostrar fehacientemente que no falté a laborar sin causa justificada ningún día del mes de marzo, ni de ningún otro mes, pues existen actas de los plenos jurisdiccionales de fechas 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo actual corroboradas con las ejecutorias dictadas en esas fechas por la Segunda Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolecentes a la que pertenezco.
“A todas las personas que desinteresadamente me han apoyado y brindado su afecto, muchas gracias”.
Colima, Colima, a 22 de abril de 2012
Magistrada Licda. Rocío López Llerenas Zamora
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