FRASES DE ORO // ¿Qué es la noticia sin la verdad?
Por Jorge Arturo OROZCO SANMIGUEL
Cada vez que el Estado propone regular algún aspecto de los medios de comunicación, el debate se reduce, casi automáticamente, a una palabra: censura. Es una reacción comprensible, pero también profundamente limitada. Antes de preguntarnos si hay una ley censura o no, habría que formular una pregunta más incómoda: ¿quién decide qué entendemos por censura?
Desde la filosofía del lenguaje sabemos que las palabras no solo describen la realidad; también la producen. Llamar «ley censura» a una reforma no es una descripción neutral: es un marco interpretativo. El nombre ya contiene un juicio previo. Quien acepta ese marco deja de discutir el contenido de la ley para discutir únicamente los peligros que el nombre sugiere.
La cuestión de fondo debería ser otra: ¿es razonable exigir que la información difundida por medios de comunicación pueda verificarse? Si la respuesta es sí, entonces estamos hablando de un principio elemental del conocimiento, no de una concesión política.
En cualquier universidad, una tesis exige referencias. Un artículo científico debe respaldar sus afirmaciones con evidencia. Un juez no puede emitir una sentencia únicamente por intuición. ¿Por qué habría de ser diferente cuando se trata de información que consumen millones de personas y que influye en la vida pública?
Un episodio ampliamente comentado en la vida pública mexicana ilustra este dilema. Durante un tiempo circuló una versión que atribuía a Andrés Manuel López Obrador una supuesta relación homosexual. Más allá de que la información fuera falsa y posteriormente desmentida, conviene detenernos en una pregunta que casi nadie hizo: si hubiese sido cierta, ¿qué tendría de malo? Absolutamente nada. La orientación sexual de cualquier persona pertenece al ámbito de su vida privada y no determina su capacidad para gobernar ni su calidad moral. El verdadero problema nunca fue una supuesta preferencia sexual; el dilema fue presentar un rumor como si fuera un hecho. Esa diferencia, que parece menor, es precisamente la frontera entre informar y desinformar.
La libertad de expresión no radica en tener derecho a que todo lo que decimos sea considerado verdadero. Consiste en expresar ideas sin persecución indebida, pero todo comentario implica una responsabilidad. La libertad de conducir no elimina la obligación de respetar los semáforos morales; la responsabilidad de investigar no elimina la obligación de citar las fuentes; informar tampoco elimina el deber de verificar aquello que se presenta como un hecho.
Vivimos en un contexto internacional donde la información es un instrumento de poder. Las campañas de desinformación, operaciones de influencia y disputa por la opinión pública forman parte de la competencia geopolítica contemporánea. En ese escenario, ningún país puede ignorar que los medios y plataformas digitales también son espacios donde se disputan intereses económicos, políticos y estratégicos. La discusión, por tanto, no debería reducirse a un pleito entre gobierno y medios de comunicación, sino ampliarse a una pregunta mayor: ¿cómo protege una nación la integridad de su espacio informativo sin vulnerar las libertades fundamentales?
Y claro: eso no significa que cualquier regulación sea automáticamente correcta. Toda norma que afecte la circulación de información debe diseñarse con criterios claros, controles independientes y salvaguardas que impidan su uso arbitrario. La defensa de la soberanía informativa y la protección de la libertad de expresión no tienen por qué ser objetivos incompatibles.
También conviene mirar hacia adentro: durante años, algunos medios han privilegiado la velocidad sobre la verificación. Las redes sociales han acelerado esa lógica: importa más ser el primero que ser el más preciso. El resultado es una esfera pública saturada de rumores, versiones sin confirmar y titulares diseñados para provocar indignación antes que comprensión.
Desde la lingüística solemos confundir el enunciado con la verdad. El hecho de que una frase pueda pronunciarse no implica que describa la realidad. Decir no es demostrar, repetir no es comprobar y viralizar no es verificar. La verdad exige evidencia, contraste y la disposición ética de corregir cuando los hechos desmienten nuestras afirmaciones.
Por eso, responsabilizar a quien difunde información falsa no equivale automáticamente a censurar. Esta busca impedir que una idea pueda expresarse; la responsabilidad exige responder por aquello que se afirma como verdadero. Son conceptos distintos, aunque en el debate público con frecuencia se mezclen deliberadamente.
Tal vez la pregunta correcta no sea si queremos medios completamente libres de toda regulación, sino si estamos dispuestos a aceptar que millones de personas formen su opinión política a partir de información cuya veracidad nadie se tomó el tiempo de comprobar. Porque una democracia no se fortalece únicamente cuando todas y todos pueden hablar. También lo hace cuando la sociedad puede confiar en que aquello que escucha ha pasado, al menos, por el filtro más básico del pensamiento crítico: la verificación.
Al final, la verdadera batalla no es entre gobierno y medios de comunicación. Es entre una sociedad que exige información sustentada y otra que normaliza que el rumor, especulación y mentira ocupen el mismo lugar que los hechos. Defender la libertad de expresión implica también defender el valor de la verdad, porque sin ella no hay deliberación pública posible, y sin esta la democracia termina reducida a un intercambio de consignas.
* Lingüista de profesión por la Universidad de Colima, con 12 años de experiencia dentro del ambiente político. Ha participado en campañas electorales como parte logística y estratégica de márquetin y comunicación política. Actualmente labora en departamentos de comunicación social, así como asesor de dichos temas.
