Colima.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Sabino Hermilo Flores Arias, respondió a quienes acusan a estos organismos de defender delincuentes, que su labor se centra en cumplir y hacer cumplir la constitución.
«No se busca obstruir la acción de la justicia, sino todo lo contrario, pretendemos que el delito no quede impune, y se evite llevar a prisión a personas inocente, acciones en las que cualquiera de nosotros o nuestras familias podemos ser víctimas del abuso de poder, de funcionario corruptos o servidores públicos coludidos y sin escrúpulos».
Recalcó que se vela por un trato digno y justo a todos los colimenses sin distinción ni prejuicio alguno, tal como lo mandata la Constitución.
«La aplicación de la ley no debe verse como antagónica del respeto a la dignidad humana, por ello sostenemos que están equivocados quienes identifican la promoción y defensa de los derechos humanos, como un obstáculo para la aplicación de la justicia».
Al rendir el informe de actividades del 2018 en el Congreso, ante los tres Poderes del Estado, el ombudsman de Colima señaló que debe ser revisado de manera objetiva, integral y responsable, la debida formación y capacitación de policías, sus percepciones salariales y jornadas de servicios, así como su equipamiento.
Así mismo consideró que se debe hacer una revisión al sistema penitenciario; la modernización de los sistemas de inteligencia; el replanteamiento de las políticas de prevención y atención de las adicciones; así como el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en la materia.
Además, fortalecer la fiscalía y su autonomía, con recursos, capacidades y posibilidades de operación reales y efectivas.
«Se requieren marcos normativos y operativos adecuados que brinden la posibilidad del abatimiento de la impunidad, que no quede delito sin investigar oportunamente y las causas judiciales se sustenten debidamente, haciendo de la procuración de justicia una meta alcanzada.
Hizo un llamado, para que, en el nuevo esquema de combate a la inseguridad, se escuche a las víctimas, no sólo de aquellas que han sido víctimas de algún delito, sino a quienes han sufrido los abusos del poder, a quienes han visto sus derechos humanos vulnerados.
Entre las acciones realizadas por la Comisión destaca que durante ese año se emitieron 12 Recomendaciones, de ellas cinco fueron al Ayuntamiento de Tecomán, tres al Ayuntamiento de Villa de Álvarez, una al Ayuntamiento de Colima, una a la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Estado y dos a la Secretario de Seguridad Pública del Estado.
Se emitieron 8 Medidas Cautelares, de ellas, una se dirigió al presidente del Ayuntamiento de Tecomán, dos al presidente del Ayuntamiento de Colima, tres al Secretario de Seguridad Pública del Estado, una al Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado; una al Fiscal General del Estado y unas más al Secretario de Educación del Estado.
Además en 2018 se instaló el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la CDHEC, asimismo se digitalizaron 154 documentos de Recomendación de 1993 al año 2010.
Flores Arias explicó que después de 16 años de no tener vehículos nuevos, en 2018 se logró contar con dos automóviles y se homologó los salarios del personal.
Resaltó los 27 buzones de atención en los tres Centros Penitenciarios de la entidad, para que las personas privadas de su libertad sugieran y presenten quejas, e indicó que en el año que se informa, substanciaron 478 expedientes de investigación por denuncias de presuntas violaciones a los Derechos Humanos de las personas.
Las dependencias que presentaron más quejas fueron la Fiscalía General del Estado con 140, Ayuntamientos con 108, Secretaría de Seguridad Pública con 84, Secretaría de Educación con 36 y la Secretaría de Salud con 21 quejas.
De igual forma, se remitieron 49 expedientes de quejas a la CNDH, atribuidas a autoridades y servidores públicos de carácter federal.
Las autoridades municipios más señaladas por presuntas violaciones a derechos humanos destacaron Villa de Álvarez con 35, Colima con 27, Tecomán con 19, Manzanillo con nueve y Armería con seis quejas.
En 2018 se recibieron nueve expedientes de queja por tortura, de las cuales ocho señalaban a la Fiscalía General del Estado por realizar esa práctica.
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