CDMX.- El diputado Paulo Gonzalo Martínez López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación con el propósito de fortalecer la seguridad en los planteles escolares mediante la instalación de botones de pánico y dispositivos de alerta personal para estudiantes, así como la coordinación con cuerpos de seguridad pública.
La propuesta, que adiciona la fracción X al artículo 74 de dicha ley y fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen, plantea que las autoridades educativas diseñen e implementen programas de seguridad y prevención en los centros escolares de todo el país.
“Buscamos que ante cualquier situación de riesgo exista una respuesta inmediata que proteja la integridad física y emocional de la comunidad estudiantil. Los botones de pánico y las alertas personales son herramientas que pueden marcar la diferencia entre la seguridad y la tragedia”, afirmó el legislador panista.
El proyecto también contempla que, una vez aprobada la reforma, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de las Mujeres, emitan en un plazo no mayor a 180 días naturales las disposiciones necesarias para su aplicación.
Martínez López subrayó que la iniciativa responde a la creciente preocupación por la violencia que afecta a niñas, adolescentes y mujeres en el entorno escolar, y a la necesidad de garantizar espacios seguros que promuevan la paz y la convivencia.
“La violencia de género es una de las problemáticas más graves que enfrenta México. De acuerdo con el INEGI, siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Es urgente actuar desde las escuelas para revertir esta realidad”, expuso el diputado.
De igual manera, recordó que los entornos educativos tampoco están exentos de esta problemática. Según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), seis de cada diez exalumnas universitarias han sido víctimas de acoso o violencia de género. En tanto, el Observatorio Nacional sobre Violencia de Género en Educación Superior advierte que la falta de mecanismos de protección incrementa la vulnerabilidad del alumnado.
“Con esta reforma buscamos que cualquier estudiante en riesgo tenga la posibilidad de acceder de manera inmediata al apoyo de las autoridades, utilizando un botón de pánico o un dispositivo personal de alerta. La seguridad debe ser un derecho garantizado dentro de cada plantel educativo del país”, concluyó Martínez López.
