COLIMA.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) Roberto Ramírez, rindió en sesión solemne del H. Congreso del Estado, el Informe de Actividades correspondiente al año 2022, acto en el que destacó la también entrega del documento oficial en versión braille.
El ombudsperson expuso que el informe en braille se realiza ante la necesidad de fortalecer las políticas públicas, planes y programas de todos los gobiernos con la perspectiva de personas con discapacidad; “que todos los presupuestos y recursos públicos se inviertan atendiendo a la accesibilidad universal, tenemos una deuda con las personas que viven con discapacidad, tenemos que adaptarnos a sus necesidades y no ellas al mundo”.
En sesión solemne, el titular de la CDHEC destacó la importancia de haber aprobado el Consejo Consultivo el reglamento interno del Organismo, ante la aprobación por el Congreso del Estado de la nueva Ley Orgánica en el año 2021, así como el enfatizar la construcción del patrimonio de la Comisión mediante la adquisición de un inmueble, después de 30 años de estar rentando oficinas.
Al presentar el informe anual, el licenciado Roberto Ramírez expuso que en lo que refiere a la atención, recepción, trámite y resolución de expedientes de queja por presuntas violaciones a Derechos Humanos, se abrieron 539 expedientes.
De los cuales se concluyeron 371 a través de los distintos mecanismos con los que se cuentan, además de resolver de manera satisfactoria mediante gestión u orientación 426 asuntos, privilegiando la restitución inmediata de derechos.
Informó que los principales derechos trasgredidos fueron Derecho a la Legalidad, Derecho Humano a la Integridad y Seguridad Personal, Derecho a la Seguridad Jurídica, Derecho al Debido Proceso y el Derecho de Acceso a la Justicia.
De igual modo, informó que las autoridades estatales más señaladas por presuntas violaciones a derechos fundamentales fueron la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Sistema Estatal Penitenciario, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud; así como las autoridades federales fueron las del área de salud en su conjunto, IMSS e ISSSTE.
Ante el pleno del Congreso local, el ombudsperson sostuvo que se remitieron 68 quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que en el caso de las personas pertenecientes a los grupos en situación de vulnerabilidad, al momento de solicitar la apertura de un expediente, 82 se identificaron como niños, niñas o adolescentes; 60 víctimas de delito; 44 privadas de su libertad; 39 adultos mayores; 26 mujeres víctimas de violencia de género; 19 personas con discapacidad; 10 personas de la comunidad LGBTTTIQA+; y 6 periodistas.
Ante representantes de los diversos grupos parlamentario, refirió que la Comisión realizó 74 Inspecciones, 95 Visitas a Centros Penitenciarios, 173 Visitas Domiciliarias, 09 Recursos de Inconformidad, 02 Medidas Cautelares, 47 Recursos de Exhibición de Personas, 12 recomendaciones, 226 Diligencias de Procedimiento en Centros de Reclusión, 01 Apoyos a CERESOS dentro del Diagnóstico Nacional Penitenciario de la CNDH, 02 Documentos de No Responsabilidad, 27 Reuniones de Coordinación Interinstitucional y Sociedad Civil y se atendieron 229 Llamadas al Celular de Emergencias.
Sostuvo que, a 12 meses de los hechos violentos ocurridos en el CRESO de Colima, se ha atendido de manera extraordinaria el tema, ya que es la primera vez que se tiene este periodo de medición sin que ocurra un hecho lamentable y ningún evento que ponga en peligro la seguridad e integridad de quienes se encuentran privados de su libertad.
De las 12 recomendaciones emitidas, está acreditado que se violentaron los Derechos Humanos de Legalidad, Seguridad jurídica, Trato digno, Libertad, Integridad, Seguridad personal, Igualdad y no discriminación, Protección a la salud, Vida, Trabajo digno, Medio ambiente sano, libertad de tránsito, acceso a la justicia, seguridad social y el acceso a una vida libre de violencias contra las mujeres.
Y las autoridades más señaladas como responsables en estas recomendaciones emitidas fueron el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Movilidad y Ayuntamiento de Comala. Y el grupo en situación de vulnerabilidad más atendido en las recomendaciones fueron las mujeres.
“Cuando una autoridad, por negligencia o desconocimiento viola derechos humanos. daña a la sociedad en general y le genera un daño de difícil y costosa reparación. Mientras exista impunidad para las y los violadores de derechos humanos, será imposible avanzar hacia el verdadero estado de derechos y vivir en una sociedad democrática”.
En lo que respecta a las tareas de promoción, difusión, educación y divulgación de los derechos humanos, refirió que se atendieron a 14 instituciones, se capacitaron 3 mil 122 personas, se firmaron convenios de colaboración con distintas instituciones académicas, organismos defensores de derechos humanos, asociaciones civiles, organizaciones, agrupaciones, colectivos y activistas.
Además de brindarse servicios de manera directa a 20 mil 324 personas, a través de conferencia, talleres, capacitaciones y se emitieron varios pronunciamientos y comunicados.
“De manera especial hago referencia a dos, que estaban relacionados con rechazar y condenar las expresiones homofóbicas, discriminatorias hacia la comunidad LGBTTTIQA+, misóginas y de odio, para lo cual levanto nuevamente la voz, para que se deje de revictimizar y criminalizar, desde las oficinas gubernamentales, de manera indiscriminada y con evidente intensión de dañar la dignidad del o la ausente, cuando son víctimas de violaciones a derechos humanos o del delito”.
Durante la presentación del informe, el ombudsperson aprovecho la tribuna para hacer un llamado a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, para para fortalecer e intensificar las tareas de búsqueda de las personas desaparecidas o no localizadas y que se actúe con empatía hacia las víctimas indirectas.
“Hago un llamado, para que logremos localizar a todas las personas que se encuentren desaparecidas, de manera especial, en este momento, al abogado defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el maestro Antonio Díaz Valencia”.
El titular de la CDHEC hizo referencia a tres expedientes que han llevado a que la sociedad identifique para qué le sirve la Comisión de Derechos Humanos, destacando que no todo expediente se resuelve con una recomendación.
“Estos tres expedientes son solo una muestra de los asuntos que se llevan en la Comisión de Derechos Humanos, tres expedientes, donde tres mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia, razón por la que es indispensable fortalecer todas las acciones encaminadas a garantizar el acceso a una vida libre de violencias contra las mujeres”.
Finalmente, hizo un llamado a que se respete y garantice la libre manifestación porque la posibilidad de manifestarse en condiciones de seguridad es una obligación del Estado, la cual bajo ninguna circunstancia puede ser condicionada y mucho menos reprimida.
“No se puede decir que un Estado es democrático, si existen violaciones a derechos humanos. Que se escuche fuerte y claro, seguiremos luchando para que en Colima se respeten “Todos los derechos, de todas las personas”.
