PRD Nacional pide incautar bienes a ex gobernadores, incluyen a Mario Anguiano

Ciudad de México.-El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), demandó al gobierno federal incautar los bienes y recursos sustraídos indebidamente por ex gobernadores y sus colaboradores en varios estados de la República.

La diputada María Cristina García Bravo, pidió a sus compañeros legisladores respaldar su propuesta de punto de acuerdo donde recuerda las atribuciones y facultades de diversas dependencias del Gobierno Federal para investigar, incautar y asegurar bienes indebidamente sustraídos a la hacienda pública.

A través de la Auditoría Superior de la Federación, pidió una revisión exhaustiva del ejercicio de las cuentas públicas de Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz; César Duarte Jáquez, en Chihuahua; Roberto Borge Angulo, en Quintana Roo; Guillermo Padrés, en Sonora; Mario Anguiano Moreno, en Colima; Rodrigo Medina de la Cruz, en Nuevo León, y Eugenio Fernández, en Tamaulipas.

Pidió la pronta intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación en contra de los ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila, Colima y Tamaulipas, así como de sus ex colaboradores, operadores y prestanombres.

García Bravo pidió centrar las investigaciones de la CNBV y la SHCP en quienes adquirieron bienes con recursos públicos federalizados o que tienen cuentas bancarias ilícitas.

Se pidió a la PGR que inicie las investigaciones de las denuncias sobre corrupción y desvío de recursos de ex funcionarios, para que solicite al juez las medidas cautelares de extinción de dominio, así como la inmovilización provisional e inmediata de fondos ilícitos o activos federalizados.

Señaló que la corrupción le cuesta al país 10 por ciento del PIB, equivalente a casi un billón de pesos. También ha sido patente la incapacidad de los tres Poderes de la Unión para fincar responsabilidades penales, administrativas y políticas a los responsables. BP