Manzanillo, Colima. — Aunque no se encuentra en funciones, la regidora Martha Zepeda continúa recibiendo su salario como integrante del Cabildo debido una orden judicial concedida por el Poder Judicial el 20 de agosto del 2025. Esto ha generado que en los hechos, el Ayuntamiento pague dos sueldos por el mismo cargo, el de ella y su suplente en funciones por casi 1 millón 600 mil pesos de agosto del 2025 a la fecha.
De acuerdo con información en poder de esta Agencia, desde agosto a la fecha la funcionaria separada del cargo ha percibido casi 800 mil pesos, derivado de una suspensión judicial que ordena mantener el pago de sus percepciones mientras se resuelve el fondo del litigio.
Martha Zepeda enfrenta una causa penal por supuestos delitos de: uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado y violación a la Ley que fija las bases para las remuneraciones de los servidores públicos del estado y los municipios. Por ello se le había separado del cargo de regidor sin goce de sueldo.
Pero derivado de la orden judicial, desde agosto del 2025 a la fecha de esta publicación, Zepeda del Toro ha percibido el salario bruto de 740 mil 625 pesos (incluyendo aguinaldo), cifra de la cuál se le aplican ciertas deducciones de Ley.
En paralelo, su suplente —quien sí desempeña las funciones como regidora— también recibe el mismo salario correspondiente, lo que configura un esquema inédito: dos personas cobrando recursos públicos por una misma posición dentro del Cabildo de Manzanillo.
Según documentos judiciales consultados por AFmedios, la medida deriva de un juicio promovido por la propia Zepeda, en el que argumenta una posible vulneración a sus derechos al haber sido separada del cargo.
La Juez de Control del Sistema Acusatorio en Materia Penal del Tercer Partido Judicial del Poder Judicial del Estado de Colima, concedió una suspensión provisional y posteriormente definitiva, con efectos específicos: ordenar que se le continúe cubriendo su dieta, remuneraciones y prestaciones como regidora por el tiempo que dure el proceso, pese a no estar ejerciendo funciones.
El resolutivo establece que el pago debe mantenerse para evitar un daño de difícil reparación mientras se resuelve el juicio, bajo el criterio de preservar derechos laborales y políticos.
Incluso, el documento judicial precisa que la medida cautelar no prejuzga sobre el fondo del asunto, sino que busca mantener las condiciones previas hasta que exista una sentencia definitiva.
Aunque la determinación tiene sustento en una determinación judicial, el caso abre un debate sobre el uso de recursos públicos.
En términos estrictamente legales, el Ayuntamiento está obligado a cumplir la orden judicial. Sin embargo, en la práctica, esto ha derivado en un escenario donde:
La regidora titular recibe salario sin desempeñar funciones
La suplente ejerce el cargo y también percibe la misma remuneración
Y el erario absorbe el costo de ambas
Especialistas consultados que pidieron guardar su identidad, señalan que este tipo de resoluciones son comunes en materia de amparo, pero poco frecuentes en cargos de representación popular, donde el impacto recae directamente en el gasto público.
El monto acumulado de Zepeda —cercano a los 800 mil pesos en apenas unos meses— podría seguir creciendo si el juicio se prolonga, lo que incrementaría la presión sobre las finanzas municipales.
Más allá del aspecto legal, el caso genera cuestionamientos en el ámbito político y ciudadano, al considerar que, si bien el pago está respaldado por una orden judicial, no necesariamente responde a criterios de equidad o ética en el ejercicio del recurso público.
El fondo del asunto aún está por resolverse. Será en la sentencia definitiva donde se determine si Martha Zepeda debe ser restituida plenamente en el cargo o si la separación se mantiene.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Manzanillo continúa cumpliendo con la orden judicial: pagar, al mismo tiempo, a quien ocupa el cargo y a quien no lo ejerce.
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