Ciudad de México, 20 de octubre de 2025. — Integrantes de los Comités y Consejos de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) exhortaron a diversas autoridades federales a investigar las posibles inconsistencias patrimoniales, fiscales y de intereses del senador Adán Augusto López Hernández, ante los señalamientos difundidos en días recientes.
En un posicionamiento público, los representantes de los sistemas estatales y nacional anticorrupción subrayaron que nadie está por encima de la ley y que el fuero parlamentario no debe confundirse con impunidad. Señalaron que cualquier duda razonable sobre los bienes, ingresos o declaraciones de un funcionario público debe aclararse con total transparencia.
El documento, firmado por Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, y por representantes de los comités de Puebla, Michoacán, Durango y Quintana Roo, solicita la intervención de diversas instituciones para garantizar la rendición de cuentas y la verificación oficial de los datos:
Al Senado de la República, que asegure que la Cámara no sea utilizada como escudo político y que facilite las aclaraciones con la máxima publicidad.
Al Órgano Interno de Control del Senado, que realice verificaciones y cruces de información sobre las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.
Al SAT, que confirme la consistencia de la información fiscal difundida.
A la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al ente fiscalizador del estado de Tabasco, que revisen contrataciones y flujos financieros relacionados con el periodo señalado.
A la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía General de la República (FGR), que determinen si procede abrir o continuar indagatorias sobre posibles operaciones inusuales.
Los organismos ciudadanos confiaron en que las autoridades actuarán con rigor técnico y transparencia, y exhortaron al propio senador a aportar voluntariamente la información necesaria para disipar dudas y fortalecer la confianza pública en las instituciones.
“La vía institucional para atender señalamientos públicos es investigar, verificar y comunicar resultados con base en evidencias, preservando los principios de presunción de inocencia y debido proceso”, subrayaron los firmantes.
