APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
En México, 2025 será recordado como el año en que la libertad de expresión sufrió el mayor ataque a libertad de prensa desde 1968 y orquestado por el régimen de la 4T.
Hoy se detiene a periodistas y a ciudadanos críticos del régimen bajo figuras como “ataques al honor por medios cibernéticos”, “violencia política” o, en el extremo más grotesco, “terrorismo”. No es una desviación del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue planeado.
Así operan las dictaduras modernas: no cierran redacciones con soldados, las cierran con jueces; no silencian voces con balas, las entierran bajo montañas de demandas; no prohíben hablar, castigan a quien habla.
El caso del reportero Rafael León Segovia, detenido en Coatzacoalcos, Veracruz, es paradigmático. No fue arrestado por colocar explosivos, organizar células criminales o sembrar pánico. Fue detenido por hacer periodismo. Por documentar la violencia. Por grabar escenas del crimen. Por incomodar.
La Fiscalía de Veracruz —bajo el gobierno de Rocío Nahle— lo acusa de terrorismo, encubrimiento y delitos contra instituciones de seguridad. Tipos penales diseñados para enfrentar amenazas excepcionales al Estado, hoy usados con frivolidad autoritaria contra un reportero de nota roja.
¿Su delito real? Mostrar lo que ocurre. Contar lo que pasa. No obedecer el silencio.
La Fiscalía no ha explicado con claridad qué hechos sustentan acusaciones tan graves. No hay proporcionalidad, no hay lógica jurídica, no hay transparencia. Pero sí hay un patrón nacional que ya fue documentado con cifras.
ARTICULO 19 México y Centroamérica lanzó un llamado urgente: las leyes están siendo utilizadas como mecanismos de censura. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, la organización documentó 51 casos de acoso judicial contra periodistas. En solo siete meses, 39 periodistas y 12 medios de comunicación fueron notificados de procesos legales en su contra. En promedio, un nuevo proceso cada cuatro días.
Nunca antes. Ni siquiera en los peores años del PRI ocurrió este ataque sistemático del Estado contra la prensa. Parafraseando a al actual régimen con su frase predilecta, “hoy como nunca antes” usan al Estado para callar a la prensa.
Aunque ARTICULO 19 ha advertido esta tendencia desde 2016, en apenas siete meses de 2025 ya se superó el número de víctimas registrado en cualquier año anterior. La violencia contra la prensa ya no se limita a amenazas o agresiones físicas: ahora se litiga. Se demanda. Se denuncia. Se persigue desde juzgados, tribunales electorales y oficinas administrativas.
Y hay algo aún más grave: el uso indebido de figuras legales creadas para proteger derechos. La Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), diseñada para combatir una discriminación real y estructural, está siendo utilizada para inhibir el debate público, eliminar publicaciones críticas y castigar a periodistas incómodos para el poder.
La ley convertida en mordaza.
En Campeche, bajo el gobierno de Layda Sansores, el control llegó al extremo: hay medios obligados a enviar sus notas al gobierno antes de publicarlas. El poder decide qué se informa y qué se borra. No es metáfora. Es censura previa.
Esto es inversosimil. El Estado mexicano convertido en el editor de la redacción de un Medio de Comunicación. Esto es tan similar a la dictadura cubana en su papel de editor del diario Gramma, Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
En Veracruz, cubrir crimen organizado siempre fue riesgoso. Periodistas asesinados, amenazados, desplazados. Pero ahora se suma un nuevo peligro, más sofisticado y más cobarde: usar el marco legal como arma de castigo.
Llamar “terrorismo” a la cobertura policiaca no solo es un exceso jurídico; es una perversión ética. Porque mientras en México:
• Estalla un coche-bomba y el Estado dice que no es terrorismo.
• Se lanzan explosivos desde drones y tampoco lo es.
• Se asesina a militares con minas antipersonales y se minimiza.
Pero un periodista informa sobre la violencia en Veracruz… y entonces sí: terrorismo.
La ecuación es obscena.
El caso de Rafael León no está solo. En Michoacán, bajo el gobierno de Alfredo Bedolla, jóvenes han sido detenidos, torturados y encarcelados por protestar. Fernando, arrestado el 2 de noviembre tras gritar “Fuera Bedolla” durante manifestaciones por el asesinato de Carlos Manzo, podía ser condenado a 20 años de prisión. A esto se suma Raúl Meza, con casi dos meses en prisión por el mismo “delito”: alzar la voz.
No son criminales. Son ciudadanos incómodos.
¿Quién va a actuar? ¿La CNDH? ¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ambas alineadas con el régimen. El Poder Judicial, lejos de ser contrapeso, ha sido capturado. Hoy no protege derechos: administra castigos.
Hoy más que nunca la Prensa está sola, luchando contra el Estado y la delincuencia.
ARTICULO 19 lo dice con claridad: este uso faccioso del marco legal mexicano pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información, ambos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales que el Estado mexicano está obligado a cumplir.
Lo que hacen Rocío Nahle, Alfredo Bedolla y Layda Sansores no es una excepción local: es una práctica sistemática. Autoritarismo con toga, barnizado de legalidad.
La detención de Rafael León es arbitraria. Informar no es encubrir. Grabar no es delinquir. Documentar no es terrorismo.
Cuando el poder persigue periodistas y manifestantes, el mensaje es claro: para el Estado es más peligroso informar que matar.
Y cuando eso ocurre, no pierde solo quien es encarcelado, perdemos todos como República, como sociedad y como mexicanos.
Si un periodista pierde su libertad, la sociedad pierde su derecho a saber.
Si la crítica se judicializa, el autoritarismo se normaliza.
Si la ley se usa para callar, la democracia deja de existir.
México no se desliza: se hunde. Y lo hace expediente tras expediente, juez tras juez, sentencia tras sentencia.
Pero hoy conviene recordar: la verdad no se calla. Y cuando intentan enterrarla en tribunales, gritará más fuerte.
