Al inaugurar el 5º Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad: Ciudadanos más policías, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, señaló que los indicadores de delitos del fuero común, a finales de 2015, mostraron una disminución de al menos 20%, con respecto a 2012.
Señaló que se sigue trabajando y recordó que a partir de septiembre pasado se puso en marcha una estrategia focalizada en 50 municipios del país, que concentran el 42% de los homicidios dolosos y se han fortalecido las capacidades institucionales de las Fuerzas Federales que participan en labores de seguridad y protección a la ciudadanía.
Peña Nieto resaltó el compromiso del Gobierno de la República para que, junto con las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno y con la sociedad civil, se establezca una agenda en común para definir una política pública de Estado en materia de seguridad pública.
“Definamos una agenda que nos permita afinar con mayor precisión, la política que en materia de seguridad pública debe seguir el Estado mexicano”.
Recalcó la necesidad de definir, entre todos, la agenda de hacia dónde se debe caminar, a partir de la experiencia que se tiene de los años transitado para atender este tema.
“Velemos porque tengamos hacia adelante claridad en el rumbo, definición de una política de Estado que sea, incluso, de orden transexenal, y la participación que sociedad y Gobierno deberemos tener para acometer este gran reto”.
El Primer Mandatario también destacó la necesidad de reconocer los avances que se han alcanzado en la materia, aunque, señaló, aún son insuficientes.
“Sí ha habido cambios cualitativos y cuantitativos en términos de lo que hemos logrado como sociedad, si bien es cierto que no estamos aún satisfechos”.
Reconoció que más allá de los números duros y las encuestas, las cifras muestran que el tema de la seguridad está latente en la percepción y sigue mostrándose como uno de los de mayor inquietud para la sociedad mexicana.
Indicó que cuando inició su Administración, en 2012, era evidente que en los seis años anteriores el clima de violencia y de inseguridad había aumentado los indicadores de forma muy drástica.
Como ejemplo, mencionó que el secuestro se había incrementado en 90 por ciento; el homicidio doloso también casi se había duplicado, de 2006 a 2012 había crecido 85 por ciento; y la extorsión había crecido 130 por ciento.
«El indicador más reconocido en todos los países para poder afirmar si un país es o no seguro, si una entidad es o no segura, es el de homicidios dolosos cometidos por cada 100 mil habitantes. Y ahí, en 2012 cuando asumimos la responsabilidad en el Gobierno Federal, el indicador estaba casi en 23 por cada 100 mil. Hoy, ya desde el 2015, seguramente en 2016 se mantiene en el orden de 17 por cada 100 mil habitantes”.
El Presidente Peña Nieto explicó que este es un indicador promedio de la realidad nacional, y que hay entidades en las que el mismo indicador incluso está por debajo de 5 por cada 100 mil habitantes, así como hay otras en las que está muy por encima del promedio.
«Esto quiere decir que en nuestro país vivimos diferentes realidades, y en las distintas entidades federativas del país este indicador nos da señales de que en algunas hay una condición mucho más crítica en términos de inseguridad que en otras entidades federativas”.
Tras insistir en que no se está satisfecho, reconoció que en 2016 se registró un repunte que hoy se tratando de revertir con la coordinación y con esfuerzos muy específicos orientados a los 50 municipios en los que se concentra el 42 por ciento de los delitos cometidos.
El Primer Mandatario señaló las acciones que el Gobierno de la República lleva a cabo en el combate a la inseguridad en el país:
Primera: “Hemos trabajado para conformar cinco Centros Regionales de Fusión de Inteligencia. Hoy tenemos tres de cinco que ya operan en las regiones en las que se ha dividido al país”.
Añadió que también hay ya “un Portal Cartográfico donde las corporaciones locales pueden conocer la incidencia delictiva a nivel de calle o de colonia. Es auténticamente una cartografía hecha del país entero para conocer los índices delictivos, a la que tienen acceso todas las autoridades federales y locales de seguridad pública para conocer la información que derive de esta cartografía y que les permita tomar definiciones propias de cómo asumir la tarea en materia de seguridad de forma más eficiente”.
Segunda: “Está en proceso de transición un número único de emergencia, el 911. Pareciera un tema menor, pero ha significado hacer un esfuerzo logístico en materia de telecomunicaciones para disponer de un solo sistema, de un teléfono único”. Aseguró que hacia enero de 2017 “tendremos un número único de atención de urgencias y de emergencias, que es el 911. Es un número, además, que se emplea en diferentes países del orbe”.
Tercera: “Los operativos especiales de las fuerzas federales en ciudades y zonas donde se requieren, y la mayor coordinación entre autoridades federales y locales para definir acciones en materia de seguridad. Hemos venido trabajando. Los medios han dado cuenta de la reiterada presencia que ha habido de la autoridad federal, encabezada por el Secretario de Gobernación, los Titulares de la Secretaría de Marina, Defensa, la Procuraduría General de la República y el CISEN, para reunirse con los Gobernadores en las distintas regiones y establecer mecanismos de una coordinación más eficiente para trabajar por la seguridad”.
En este punto, el Presidente Peña Nieto resaltó que “la participación del Gobierno Federal de ninguna manera supone sustituir o reemplazar los esfuerzos que deben realizar las autoridades locales. La participación siempre dispuesta que hay del Gobierno de la República es subsidiaria, es en apoyo y en respaldo; no puede ser permanente porque no hay capacidad suficiente para tenerla en todo el país y desplegada al mismo tiempo en todas las entidades federativas”.
Explicó que ello exige que los Gobiernos locales, junto con las autoridades municipales, “emprendan esfuerzos propios, al amparo de una coordinación en la que siempre ha habido disposición de parte del Gobierno de la República, pero que se traduzca también en esfuerzos propios y empeñados por parte de los Gobiernos locales para trabajar en favor de la seguridad en las distintas entidades federativas”.
Cuarta: “La profesionalización de las fuerzas policiales. Esto ha permitido que 330 mil policías se hayan capacitado y más de seis mil mandos de todas las fuerzas del país hayan recibido preparación”.
El Titular del Ejecutivo Federal subrayó que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que inició formalmente hace apenas tres meses, “demanda todavía ajustarse, afinarse, ser más eficiente, pero también estoy seguro que este nuevo modelo del Sistema de Justicia Penal va a establecer un nuevo paradigma”.
Este modelo, continuó, “permitirá que los casos se puedan ventilar de manera mucho más rápida y de forma más transparente, abiertos, públicos”. BP
