Aunque en diversos foros se acusa a la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) de aprovecharse del movimiento estudiantil, lo cierto es que el paro que organiza la corporación este 24 y 25 de agosto dejará una pérdida económica por 400 mdd , según estimaciones hechas por el ministro chileno de Hacienda, Felipe Larraín.
El organismo que aglutina al Comando Nacional de Trabajadores, el Colegio de Profesores de Chile, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y otras organizaciones varias ha llamado a la ciudadanía a “no asistir a los lugares de trabajo; generar retrasos colectivos; no utilizar el transporte y locomoción colectiva; no hacer trámites en las oficinas públicas ni pagar cuentas; no enviar a sus hijos a jardines infantiles, colegios y liceos; no comprar en el comercio; no abrir los locales comerciales y negocios» , entre otras acciones, las cuales incluyen concentraciones públicas y asambleas ciudadanas en todas las regiones del país, cerrando las jornadas con “caceroleos” a partir de las 20:00 horas .
Al paro se suman instituciones y prestadores de servicios de los siguientes ámbitos que operarán con el mínimo de personal:
– Centros de Salud Primaria (Confusam y Fenpruss)
– Registro Civil (Anercich)
– Instituto de Previsión Social, ex INP (Anatrinp)
– Impuestos Internos (Aneiich y Afiich)
– Transantiago (Conutt)
– Taxistas y Colectivos (Confenatach y Conatacoch)
– Servicio Médico Legal (Anfsml)
– Correos de Chile (Fetracortel, sindicatos de carteros
Debido a lo anterior, el ministro vocero de La Moneda, Andrés Chadwick, consideró que el evento es de carácter ilegal por lo que no descartó que aparte de los descuentos para quienes falten a su jornada laboral, el gobierno pueda aplicar la Ley de Seguridad del Estado en contra del presidente de la CUT, Arturo Martínez, por considerar que es él quien convoca a tales acciones que no tendría justificación de ser. «Aquí la situación es muy clara: hay un convocante oficial, que es la CUT, es un paro de carácter ilegal. Además nosotros consideramos que es un paro completamente injustificado, que no tiene ninguna razón de ser, a juicio del Gobierno», dijo .
