Los legisladores separatistas catalanes que aspiraban a reelegir a su expresidente prófugo sufrieron un revés el martes cuando el titular de la cámara aplazó una sesión, señalando que no tendrá lugar hasta tanto las autoridades españolas garanticen que «no interferirán».
La decisión del presidente de la cámara Roger Torrent se produce después de que la máxima instancia judicial española decretó el sábado que Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica hace tres meses y puede ser arrestado si regresa, solo puede ser reelegido si se encuentra presente físicamente en el recinto legislativo en Barcelona. La corte también ordenó que obtenga permiso del juez que lo investiga por el intento independentista catalán para presentarse en el Parlamento.
El martes, la Corte Constitucional rechazó una apelación del partido de Puigdemont, lo que en efecto rechaza los reclamos del presidente del Parlamento de permitir la reelección sin obstáculos legales.
Puigdemont es uno de los más de una decena de políticos catalanes que enfrentan posibles cargos de sedición y rebelión tras la disolución del anterior Parlamento en octubre pasado, luego de una fracasada declaración de independencia que sumió a España en su peor crisis política en décadas.
Esta decisión deja al futuro gobierno de la próspera región en una especie de limbo. El Parlamento debía realizar una primera votación de investidura el miércoles, pero ahora no se sabe cuándo la convocará su presidente.
El gobierno de Madrid asumió el control de la comunidad autónoma cesando a Puigdemont y a su equipo y disolviendo el Parlamento tras la declaración de independencia. Seguirá al frente de la región hasta que un nuevo ejecutivo tome posesión tras las elecciones anticipadas del 21 de diciembre. Estaba previsto que el Parlamento celebrase la primera votación para la investidura el miércoles.
El partido de Puigdemont apeló la decisión tomada el sábado por el Tribunal Constitucional alegando que su líder, como legislador electo, tiene inmunidad política y tiene derecho para convertirse en presidente catalán. Se espera que el tribunal se pronuncie más tarde el martes.
Por su parte, el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, pidió al gobierno de Cataluña que no siga adelante con la candidatura de Puigdemont y opte por un legislador que no tenga cuentas pendientes con la justicia.
Según el dirigente Rajoy, lo «más sensato» para el presidente del Parlamento catalán sería proponer a un «candidato limpio» que esté dispuesto a cumplir la ley y trabajar para la vuelta a la normalidad en la región, que tiene 7,5 millones de habitantes y representa una quinta parte del PIB español.
«No voy a poner a ningún otro candidato que no sea Puigdemont», dijo Torrent. «El presidente Puigdemont tiene todo el derecho de ser investido».
«El Gobierno español y el Constitucional pretenden vulnerar los derechos de millones de catalanes y catalanas y esto no lo aceptaremos», agregó.
El gobierno de Madrid celebró la decisión de las autoridades parlamentarias catalanas. Un funcionario, que habló bajo condición de anonimato en cumplimiento con las normas del ejecutivo, dijo que gracias a la presión aplicada por las autoridades y los jueces «se ha evitado que hoy se hubiera producido una burla a nuestra democracia».
