Colima.- Este lunes 1 de julio, el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, diputado Francisco Rodríguez García, dio a conocer un presumible acto de simulación de parte de la Administradora Portuaria Integral (API) de Manzanillo, al invitar a la adjudicación de la Supervisión y Control de Calidad de los Trabajos “adecuación de paso vehicular dentro del patio regulador de tráileres Jalipa, API Manzanillo”.
De acuerdo al legislador panista, el pasado 17 de junio se publicó una convocatoria con calidad de invitación a tres empresas para adecuar el paso vehicular dentro del patio regulador de tráileres de Jalipa en la API de Manzanillo en la supervisión y control de calidad de los trabajos.
Sin embargo, Rodríguez García dijo que en el proceso de investigación que realizó con su personal de trabajo fueron detectadas dos “empresas fantasma” en esa licitación, ya que al acudir a los domicilios de las supuestas instalaciones, se encontraron viviendas solas.
El legislador detalló que con ello, se está violentando la Ley General de Obras Públicas.
Ante dichas señalizaciones, el Gerente de Ingeniería de la administradora portuaria, Álvaro Mendoza Sánchez dijo que no es verdad que haya empresas “fantasmas” concursando en la asignación de obras o servicios en los proyectos de la API.
El funcionario federal señaló que conforme a las instrucciones que se han recibido del gobierno de la República, se ha privilegiado a los empresarios locales en la asignación de contratos, por lo que, en un acto de buena fe y de confianza con los empresarios del Estado y en absoluto apego a la ley, se invitó a contratistas afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, (CMIC), para que presentaran sus propuestas en una licitación que tiene que ver con la construcción de un acceso al patio regulador situado en Jalipa.
Señaló que solo dos empresas presentaron sus ofertas el viernes 28 del pasado mes de junio, – es decir, hace dos días hábiles- pero encontrándose aún en proceso de análisis la documentación y los requisitos presentados, en virtud de que hasta el viernes 5 de este mes de julio se emitirá el fallo correspondiente.
“ni ha habido ni existirá preferencia para con ninguna empresa, ni se han transgredido ni se violentará normatividad alguna, ni hay ‘mano negra’ en la asignación de ese contrato como no lo ha habido ni lo habrá con ningún otro”.
Mendoza Sánchez señaló que en efecto, la API ha detectado que dos de las empresas participantes han cambiado sus domicilios fiscales, pero que ambas existen y están debidamente integradas al sector productivo.
Sostuvo que, de cualquier manera, el proceso de asignación no se ha dado aún, y que cualquier irregularidad que se encuentre será sancionada, desechando las propuestas conforme a la ley, si así procediera.
Desmintió que se esté fraguando un proceso simulado por el que se quiera beneficiar a alguna empresa y desechó la versión del diputado local panista Francisco Rodríguez García en el sentido de que se estén dando actos de corrupción.
“Es una lástima que se pretenda descalificar la eficiencia, el orden, la honradez y la transparencia con que se conduce el Capitán Héctor Mora al frente de la API, cargo en el que se desempeña por segunda vez precisamente por su honestidad y su experiencia (…) A nada lleva politizar o denostar, porque las acusaciones sin sustento tarde o temprano exhiben la falta de ética y la perversión política”.
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