Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la aplicación de “El Operativo Mochila Segura” (“El Operativo”), durante la pasada administración, violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de educación básica en la Ciudad de México.
Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la Recomendación 48/2019 al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.
Tras sus investigaciones, derivadas de dos quejas que consideraron “El Operativo” como un acto de molestia y una política criminalizante contra la niñez mexicana, la CNDH constató que las autoridades escolares y educativas que lo instruyeron y aplicaron, trasgredieron los derechos mencionados.
Se determinó que no se implementaron medidas de protección y de cuidado, con un enfoque de derechos humanos, y advirtió que “El Operativo” no cuenta con un Protocolo general y homologado que permita su aplicación a nivel nacional que considere el contexto de cada entidad federativa con enfoque de derechos humanos.
Aunque se tienen leyes generales, locales y diversas disposiciones normativas para garantizar la educación en ambientes pacíficos y no violentos; docentes, personal administrativo, autoridades escolares y educativas desconocen su aplicación, ante lo cual la CNDH considera que cualquier mecanismo que se implemente en relación con la niñez debe ser considerada como una medida de protección y de cuidado y no de seguridad.
Lo anterior, toda vez que “El Operativo”, tal como fue concebido y aplicado, carece de un enfoque de derechos humanos, ya que presupone que niñas, niños y adolescentes cometerán algún delito, siendo que la obligación de las autoridades educativas y escolares, tal como lo dispone el artículo 42, primer párrafo, de la Ley General de Educación, es la adopción de medidas de protección y de cuidado que aseguren la preservación de la integridad física, psicológica y social de los educandos, sobre la base del respeto a su dignidad, mas no la creación de medidas de seguridad o de prevención del delito.
Además, la Comisión Nacional reitera que es impostergable contar con un protocolo general homologado de aplicación a nivelnacional para prevenir, detectar, atender, denunciar y sancionar la violencia escolar.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está recomendando al Secretario de Educación Pública atender las observaciones del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), para determinar si es procedente la continuación de “El Operativo” .
En caso de ser necesario, el mecanismo se aplique como medida de protección y cuidado en favor de niñas, niños y adolescentes, pero bajo un enfoque de derechos humanos y que privilegie el interés superior de la niñez; conformar un grupo multidisciplinario que analice el esquema de operatividad, funcionamiento, supervisión y análisis de resultados de “El Operativo”, y diseñe, publique y difunda el protocolo general y homologado para su aplicación a nivel nacional.
También le solicita colaborar con el Sistema Educativo Nacional para contar con un análisis y diagnóstico sobre la violencia en planteles de educación básica públicos y privados, a fin de elaborar y emitir un Programa Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar.
Realizar medidas adicionales y la impartición del Programa Nacional de Convivencia Escolar, que deberá contener las directrices tendentes a la prevención y eliminación de cualquier forma de violencia en los planteles escolares.
Así como elaborar, desarrollar y ejecutar un programa de actividades de educación, capacitación y difusión en materia de derechos humanos dirigido a todas las autoridades educativas y escolares, padres de familia o tutores, con el objetivo de que conozcan los derechos de los educandos, la forma en que niñas, niños y adolescentes pueden hacerlos efectivos y las obligaciones y responsabilidades de los participantes, como encargados de su custodia y protección contra toda forma de violencia. BP
