APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
En 1988 bastó con “caerse el sistema” para sembrar la duda. En 2025, ni siquiera hizo falta eso. Bastó con imprimir la democracia y repartirla en acordeones.
El informe presentado por el ministro en retiro José Ramón Cossío y el especialista Jorge Medellín documenta con brutal claridad lo que muchos intuíamos y otros tantos temían decir: la elección judicial fue una simulación cuidadosamente diseñada para apoderarse del Poder Judicial. No fue una elección. Fue una operación.
Y no se trata de una denuncia retórica ni de una acusación sin pruebas. Lo que presenta este informe es un expediente técnico, jurídico y estadístico que desmonta cualquier discurso triunfalista sobre “la participación del pueblo” en la elección de ministros, magistrados y jueces. Las gráficas no mienten: miles de casillas repitieron el mismo patrón de votación, con los mismos ganadores, en el mismo orden. En cualquier democracia real, esa sola regularidad sería suficiente para anular la elección. Aquí, parece que no pasa nada.
Lo verdaderamente alarmante no es solo la baja participación —un 13% que debería preocupar a cualquiera que defienda la legitimidad democrática—, sino el perfil de quienes resultaron electos: candidatos sin campaña, sin presencia pública, sin debate, sin propuesta, sin fiscalización visible, pero con cientos de miles de votos en su cuenta. ¿Cómo votó por ellos la gente si ni siquiera los conocía? ¿Cómo supieron qué número marcar? La respuesta es tan obvia como perversa: porque les dijeron exactamente por quién votar. Con lista en mano.
Los “acordeones” son la versión sofisticada del acarreo, la expresión actualizada de una vieja maquinaria clientelar que sigue viva en este país, disfrazada ahora de participación ciudadana. Y peor aún: financiada con recursos cuya procedencia nadie fiscaliza, pero todos intuyen.
El documento compara este proceso con el fraude de 1988, pero va más allá. En ese entonces, el país no tenía instituciones autónomas ni acceso digital a los datos. Hoy sí. Y aún así, el sistema permitió que se fotocopiara la voluntad popular. No se cayó el sistema: lo programaron desde antes.
Aquí no hay variaciones naturales, no hay territorios con preferencias distintas, no hay competencia real. Lo que hay es un bloque alineado de votación, un molde electoral que se impuso por encima de la pluralidad y que ahora pretende volverse ley desde el más alto tribunal del país.
La pregunta es: ¿quién impartirá justicia cuando el origen de los impartidores es la ilegitimidad? ¿Quién va a creer en un fallo judicial cuando el cargo que lo firma se consiguió mediante fraude? ¿A dónde acudirá un ciudadano para defender su libertad, si el árbitro ya fue comprado por anticipado?
No exagero: esto pone en juego el Estado de derecho, y no es una metáfora. Un Poder Judicial controlado por cuotas, por lealtades y por estructuras partidistas, no es un poder. Es una extensión del Ejecutivo. Un adorno. Una fachada.
Y, sin embargo, aquí estamos, normalizando lo inadmisible, como si fuera un pequeño tropiezo técnico, como si bastara con cambiar a dos magistrados o revisar unas cuantas casillas más.
No. Esto no se resuelve con retoques. Esto se resuelve con anulación y con responsabilidad política. Lo contrario sería legitimar la trampa como método, y aceptar que la justicia se compra al mayoreo.
El silencio institucional frente a estos hallazgos no es neutralidad: es complicidad.
