México.- En su último informe, antes de dejar el país luego de que el Gobierno Mexicano decidiera no ampliar su estancia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer que corporaciones policiacas de Guerrero actuaron para acorralar a los normalistas y evitar que salieran de Iguala.
Al exponer su último informe sobre lo acontecido los días 26 y 27 de septiembre de 2014, detallaron que los policías se coordinaron en un radio de 80 kilómetros para acorralar a los estudiantes, que los normalistas “no fueron a boicotear ni estaban integrados por el crimen organizado” y que hubo control directo y permanente de los estudiantes desde su salida de Chilpancingo.
Al inicio de la presentación del informe, la colombiana Ángela Buitrago reveló que durante su segundo periodo de mandato el Grupo de Expertos logró definir tres episodios nuevos en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa).
Buitrago dijo que en la noche de Iguala estuvieron presentes tanto policías municipales de Iguala, Huitzuco, Cocula, así como elementos del Ejército, y criminales.
Agregó que todo esto genera la certeza para el GIEI de una “coordinación certera” entre esas policías para generar un “círculo de control” contra los autobuses de los estudiantes.
“Hubo una coordinación entre los policías con la finalidad de generar un círculo de control para evitar la salida de los autobuses de iguala”, afirmó Ángela Buitrago, miembro del GIEI.
Afirmaron que la línea de investigación sobre el quinto autobús no debe ser cerrada, y que alguien, que no son los estudiantes sobrevivientes, está mintiendo respeto a la ruta de este autobús
La experta Guatemalteca, Claudia Paz y Paz, expuso que diversos testigos, incluidos familiares del equipo de “Los Avispones”, relatan que el autobús fue detenido por la Policía Federal y que el 27 Batallón de Infantería tenía conocimiento en tiempo real del movimiento, autoridad a la que no fue posible entrevistar.
“De haber tenido oportunidad, hubiéramos preguntado porqué no se hizo nada para protegerlos”.
Claudia Paz expresó que en cuanto a los miembros del 27 Batallón Militar de Iguala, había entre 500 y 600 efectivos en el destacamento.
El GIEI encontró que personal militar estuvo presente en varias de las escenas de los hechos violentos y anota que fueron testigos directos de los hechos en varios de los escenarios.
“Por ello solicitamos una entrevista con ellos. Pero no fue posible”, dijo Paz. Los expertos presentaron varias preguntas que hubiera planteados a los militares. Uno de ellos es a un militar , un agente de inteligencia, que estuvo 45 minutos en el escenario del Palacio de Justicia.
Las preguntas que el GIEI le hubiera realizado son: “¿Cuándo vio todo esto, qué informó?, ¿qué instrucciones le dieron?, y ¿cuándo vio que agredían a los jóvenes, por qué no hizo nada para protegerlos?”.
Expusieron también que tras presentar su primer informe, en el que se contradecía “la verdad histórica” respecto a que los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula, cambió la relación con el Gobierno mexicano.
Señalan que la versión de la PRG afirma que los teléfonos de los normalistas habían sido destruidos en Cocula, pero los teléfonos siguieron activos días después; la última ubicación de los teléfonos de los estudiantes también contradice los dichos de la PGR.
El experto Francisco Cox expuso que no existió resguardo del basurero de Cocula y se hicieron diligencias sin presencia del Equipo Argentino de Antropología Forense en las que se encontraron casquillos.
“A la pregunta más importante que era del ámbito de su competencia, si era posible fuego de esas dimensiones, no respondieron”.
Carlos Beristain advirtió que hay indicios de tortura en los cuerpos de los normalistas, “algunas incluso parecen después de presentación, también hay cambio de declaraciones”.
“La búsqueda no se debe interrumpir porque los 43 estudiantes aún siguen desaparecidos y los hechos deben esclarecerse”, afirmó Alejandro Valencia.
Al finalizar, señalaron que en México se reportan más de 26 mil desapariciones, por lo que se debe investigar el patrón común.
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