La Justicia Federal resolvió a favor del Congreso del Estado la aprobación de los nombramientos de Miguel García de la Mora, Concepción Cano Ventura y Juan Carlos Montes y Montes como magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que un juez local impugnó, primero ante un Juzgado de Distrito y enseguida ante un Tribunal Colegiado.
En conferencia de prensa, el magistrado Miguel García de la Mora informó que el lunes 28 de marzo, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Distrito, con sede en Colima, negó en definitiva el amparo interpuesto en contra de esos nombramientos que promovió el juez Roberto Sánchez Aguirre el pasado 2 de febrero.
El funcionario del Poder Judicial explicó que la resolución de la Justicia de la Unión Esto significa que estos nombramientos que fueron expedidos por el Congreso del Estado el 30 de septiembre del 2009, adquieren la calidad de irrevocables y definitivos, pues la decisión tomada por la justicia federal es inatacable.
Estimó que la decisión irrevocable tomada por la Justicia de la Unión, fortalece el estado de derecho y las instituciones, en este caso el Poder Ejecutivo, al expedir los nombramientos, y el Poder Legislativo, que aprobó el procedimiento de designación de magistrados, el Poder Judicial, porque la integración del pleno está legalmente constituida.
En ese contexto, explicó que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Distrito resolvió en definitiva la revisión de un amparo que se había interpuesto en su momento por un juez que impugnaba los nombramientos hechos a favor de Miguel García, Juan Carlos Montes y Concepción Cano, en la calidad de magistrados propietarios para integrar el pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.
Agregó que el 30 de septiembre del 2009, el entonces gobernador Silverio Cavazos Ceballos expidió los nombramientos de magistrados para integrar el Supremo Tribunal de Justicia, nombramientos que fueron aprobados por unanimidad por la 55 legislatura, mediante acuerdo publicado el 3 de octubre del mismo año en el Periódico Oficial del Estado.
Recordó que al ejecutarse ese acuerdo, el propio García de la Mora rindió protesta como magistrado el 11 de enero de 2010, por lo que el 2 de febrero el juez Roberto Sánchez Aguirre impugnó el nombramiento a través de un juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito, el cual fue negado.
Posteriormente, el quejoso recurrió al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, donde interpuso una revisión a la negativa del Juzgado Primero de Distrito, y esta instancia en definitiva niega el otorgamiento del amparo, dejando firme el nombramiento de los magistrados.
