Colima.- Durante la comparecencia de Héctor Insúa García en el Congreso del Estado, el alcalde de la capital se lavó las manos por la inseguridad en su municipio y señaló que es un problema de Gobierno del Estado.
Sin embargo, Nicolás Contreras Cortés, presidente de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso del Estado, pidió al edil que en tanto no clarifique su posición respecto a la competencia municipal en seguridad pública, renuncie a los fondos federales que recibe en esa materia.
Convocado por la Legislatura para que informara sobre las acciones en materia de seguridad y prevención del delito, Insúa García reconoció que el artículo 115 de la Constitución Mexicana establece la seguridad pública como una función del municipio.
Sin embargo, el Presidente Municipal de Colima mencionó que con base en un artículo transitorio de la reforma a ese artículo realizada en el año 1999 y en un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Colima, la seguridad pública en la capital la presta la autoridad estatal.
En ese sentido, dijo que al gobierno de la Ciudad de Colima únicamente le competen las tareas de prevención del delito, “sin embargo en el ámbito de nuestra competencia hemos venido colaborando en todas y cada una de las reuniones de trabajo en este tema”.
Admitió que su gobierno no ha manifestado interés por asumir la función de la seguridad púbica, por lo que el Gobierno del Estado continúa ejerciendo esa responsabilidad de manera exclusiva.
Durante la comparecencia, Nicolás Contreras, diputado independiente, mencionó que aunque la responsabilidad de brindar la seguridad compete al Gobierno Municipal, el tercer artículo transitorio de la reforma constitucional del 30 de septiembre del año 2000, establece que “en caso de negativa del Ayuntamiento de Colima para asumir la función y el servicio de policía preventiva, la facultad que actualmente ejerce de sancionar a quienes infrinjan los reglamentos gubernativos o de policía serán transferidos al Gobierno Estatal”.
Sin embargo, el presidente municipal Héctor Insúa reconoció y acepta que el Ayuntamiento a su cargo posee un Centro Preventivo Municipal, que los policías están facultados para sancionar las faltas administrativas y que sí recaudan multas por ese concepto.
“Es incongruente e ilegal que no se preste el servicio, pero en cambio si se sancione y se cobren las multas por ese concepto”, cuestionó el diputado Nicolás Contreras.
Contreras Cortés consideró vergonzoso y preocupante la manera como el alcalde se escuda en un artículo transitorio, “que seguramente desconocía cuando asumió compromisos en materia de seguridad”, para recibir recursos por un servicio que -dijo el alcalde- “no es responsabilidad de él’”.
Mencionó que el municipio de Colima recibe recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, así como jugosos ingresos por multas y sanciones administrativas que bajo ninguna circunstancia debería estar recibiendo, si la seguridad pública no fuera su responsabilidad.
Indicó que a pesar de que el alcalde capitalino desconoce la responsabilidad del municipio en materia de seguridad, su administración sanciona y recauda las multas correspondientes a dicho rubro, apelando a un convenio de hace siete años, que por ninguna razón puede estar por encima de la Constitución.
Derechos Reservados AFmedios
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