Ciudad de México.- Los gobiernos estatales estarían obligados a conformar un banco de datos con el registro de individuos violentos contra mujeres, con el fin de intercambiar información interinstitucional para su investigación y localización inmediata.
También deberían elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género para la búsqueda rápida de mujeres y niñas desaparecidas en la realización de investigaciones por delitos de feminicidio, trata de personas, discriminación y contra la libertad.
Estos cambios responden a los 12 dictámenes aprobados por los integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, en respuesta a una minuta de la Cámara de Diputados, que reforma y adiciona los artículos 17, 43, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Se plantea que las administraciones estatales deberán implementar campañas de sensibilización, destinadas a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en las comunidades.
Además deberán establecer programas para su desarrollo normal psicosexual, e instaurar políticas públicas que garanticen un transporte público seguro para el sector femenino.
Las instituciones podrán celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia con instituciones académicas y organismos privados.
En otro dictamen, las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, reformaron y adicionaron los artículos 1 y 2 de la Ley en la materia y agregaron tres artículos transitorios que indican lo siguiente:
El Ejecutivo Federal tendría 90 días hábiles, a partir del presente decreto, para hacer las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley.
Los Congresos locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México contarían con un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para homologar sus Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sus códigos civiles, códigos de procedimientos civiles y códigos penales, conforme a lo dispuesto en estas reformas en materia de órdenes de protección.
Las minutas fueron remitidas a la Cámara de Diputados y los dictámenes a la Mesa Directiva del Senado para su inclusión en la Gaceta parlamentaria y posterior presentación al Pleno Cameral en las próximas sesiones. BP
