Habrá seguridad para candidatos, será voluntaria: SSyPC

Ciudad de México.- Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), dio a conocer que establecerán una Estrategia de Protección en Contexto Electoral para dar seguridad a las y los candidatos que contiendan por los 21 mil cargos de elección popular que están en juego para la jornada del 6 de junio.

Durante la conferencia matutina, la secretaria indicó que este plan intentará proteger a las y los candidatos para que no los amenacen, agredan, intimiden o los obliguen a declinar, aunque aclaró que esta medida deberá ser adoptada de manera voluntaria por los interesados.

Por otro lado, apuntó que se logró identificar a siete estados donde hay más riesgo de que los aspirantes y candidatos sean elegidos y colocados por la delincuencia organizada o de cuello blanco: Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco.

Rodríguez Velázquez dio a conocer que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, entre los que se contabilizaron 64 víctimas de homicidio.

En la conferencia de este jueves, la funcionaria mostró una estadística del Centro Nacional de Inteligencia donde se registraron, al menos, 15 incidentes de violencia política en este proceso 2020-2021: 11 homicidios en Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Jalisco; una agresión en Nuevo León y otra en Baja California Sur y un secuestro y una extorsión en Jalisco.

En este sentido, la secretaria declaró que se “heredó el partido de la delincuencia y el miedo” el cual provoca violencia política y agresiones a candidatos o aspirantes.

En el desarrollo y aplicación de la Estrategia participan la Secretaría de Gobernación, Consejería Jurídica de la Presidencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro nacional de Inteligencia, con el objetivo de sancionar la violencia política.

La encargada de la seguridad en el país refirió que hablarán con los titulares de gobiernos estatales para que haya una acción conjunta, especialmente para proteger a los aspirantes a alcaldías.

Aunque no se describieron acciones concretas para la protección de los aspirantes a un cargo público, Icela Rodríguez adelantó que se compartirán alertas que permitan prevenir y atender casos de registros de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada.

El fin de esta campaña es evitar que el crimen organizado elija a candidatas o candidatos, apoye sus campañas y los coloque en puestos públicos, para después usar estas figuras para tener control sobre algunas regiones prioritarias.

“A más de tres meses de la jornada estamos trabajando para frenar el incremento de estos delitos, porque las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política”.

Desafuero del gobernador de Tamaulipas

En otro tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador indicó que será respetuoso del proceso que se lleva en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Sin embargo, insistió en pedir a los legisladores que den a conocer el expediente que se analiza en la Cámara de Diputados.

“Por eso yo soy partidario de la transparencia en estos casos porque eso despeja mucho las dudas, si la gente conoce el expediente se conoce toda la información pues los mexicanos estamos muy conscientes, muy avispados, muy politizados”.

Recordó que será la Fiscalía General de la República la que inició la investigación y solicitó a la Cámara de Diputados suspender el fuero del gobernante para poder continuar con el proceso y juzgarle por los delitos que señale la Fiscalía.

“Pero eso lo van a resolver los legisladores, los jueces. Si una vez que se decida sobre la procedencia del desafuero, si hay elementos para hacerlo, si el expediente se va al Congreso local a Tamaulipas y ahí deciden o de manera directa, la Fiscalía envía el expediente al juez que es el que va a resolver el definitiva”.

Finalmente, el mandatario nacional reiteró que su gobierno no fabrica delitos y será respetuoso del procedimiento que llevan las autoridades competentes.

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