Colima.- Vecinos de la colonia Villa Izcalli, del municipio de Villa de Álvarez, que enfrentan un proceso de desalojo de sus viviendas derivado de una resolución judicial que adjudicó la posesión de los inmuebles a un tercero, se manifestaron este día frente a Palacio de Gobierno en demanda de apoyo gubernamental, además de denunciar un supuesto fraude de varios abogados.
Los afectados mencionaron que han pasado tres semanas de que iniciaron los desalojos sin que se resuelva algo y persiste la amenaza de que sean expulsados de sus viviendas.
“Ya ha pasado tiempo (tres semanas) y no se nos resuelve nada, solo entraron con el secretario de gobierno y hasta ahí. La policía ha seguido dando rondines por nuestras casas y tenemos miedo de que vuelvan a actuar de forma violenta”.
Cabe recordar que este conflicto se generó luego de que la empresa constructora de estas viviendas se declaró en quiebra, dejando inconclusos muchos trámites con los moradores y proveedores; uno de estos proveedores demandó a la constructora y obtuvo el fallo a favor y con ello las propiedades para resarcir los adeudos.
Los colonos han pedido que el gobernador intervenga en detener los desalojos, que les ayude a tener una solución efectiva, considerando que los albergues no son una opción y pidiendo que no haya costos exorbitantes para las familias.
Además, señalaron a varios abogados de haberlos «fraudeado» al pedirles dinero y haber hecho los contratos de compra venta en las casas que ahora tienen esta problemática.
Efraín Naranjo Cortés, aludido por los colonos de Villa Izcalli, aseguró que hace 15 años apoyó a varias familias para que obtuvieran sus escrituras y obtuvo un resultado positivo.
“Todos esos que yo les ayudé, están a un ‘ladito’ de estos, tienen escrituras que yo se las tramité”.
Explicó que no era apoderado, incluso menciona que él demandó a la empresa que quiso quitarles las casas a aquellas familias.
El líder social consideró que los colonos que están siendo desalojados debieron ser llamados ante el juez como terceros implicados, antes de que se resolviera el litigio de los proveedores contra la constructora.
Naranjo Cortés consideró que las personas pueden tener el derechos en su vivienda, siempre y cuando tengan una posesión pública, de buena fe, continua y a título de propietario.
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