Colima, Col.- Este martes al mediodía, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano en Colima, acompañada por legisladoras federales del partido, manifestó su apoyo a la ex presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, y a la ex regidora Martha Zepeda, quienes enfrentan un proceso legal por el presunto delito de peculado y recientemente fueron vinculadas a proceso por una jueza local.
Ambas ex funcionarias aseguraron que se trata de una persecución política orquestada por el actual gobierno estatal, y negaron que el recurso aprobado en su administración haya sido un “bono de retiro”, como lo señala la Fiscalía Anticorrupción, sino una prestación de subsistencia laboral avalada en cabildo.
De acuerdo a los argumentos esgrimidos esta tarde en la conferencia, por la ex alcaldesa Martínez y la ex regidora Zepeda, lo que motivó al cabildo a aprobarse este pago fue supuestamente, porque entregaron buenas cuentas, pagaron las deudas de su administración y anteriores, no dejaron deuda y había dinero suficiente en las arcas municipales.
Con ese argumento, el cabildo avaló el otorgamiento de un “pago de subsistencia laboral” con cargo a la partida de servicios personales, bajo la premisa de que varios funcionarios y empleados municipales quedarían sin empleo al concluir la administración.
Desde su perspectiva, este bono no representó daño al erario, ya que —aseguran— no se contrajeron deudas, no se desviaron recursos de otras partidas y existía un excedente presupuestal. Bajo esa lógica, el pago resultaba legal y legítimo. Lo que quizás desconocen es que los recursos públicos a favor, no son dividendos para disponer unilateralmente como aplicaría en una empresa del sector privado.
«Esta prestación de seguridad social (subsistencia laboral) no puede entenderse como delito», señaló Martha Zepeda del Toro.
La vinculación a proceso forma parte de una causa penal en la que están implicados 13 ex funcionarios del Ayuntamiento de Manzanillo, acusados de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y violación a la Ley que fija las bases para las remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los ex servidores públicos autorizaron y recibieron un denominado “bono de subsistencia”, lo que habría generado un daño al erario superior a los 30.4 millones de pesos no previsto en el presupuesto anual.
La juez de control del Tercer Partido Judicial consideró suficientes los datos de prueba presentados por la fiscalía y otorgó un plazo de tres meses de investigación complementaria.
Además, determinó que en el caso de las personas que actualmente ocupan cargos públicos se aplicará como medida cautelar la suspensión temporal de sus funciones, en los términos del artículo 155 fracción X del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La fiscalía sostuvo que esta resolución refuerza su compromiso de llevar ante la justicia a quienes cometan delitos relacionados con la corrupción en perjuicio de la sociedad.
Señalan persecución política
En contraste, durante la conferencia de prensa, Martha Zepeda y Griselda Martínez insistieron en que el caso obedece a una estrategia política para desacreditarlas por parte de la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva con la intención de eliminarlas del proceso electoral del 2027.
La regidora agradeció el respaldo de Movimiento Ciudadano y aseguró que lo que se busca es “eliminar voces críticas en Manzanillo”, mientras que la ex alcaldesa recordó que dejó finanzas sanas en el municipio y señaló que las verdaderas irregularidades están en la administración actual.
“Nos acusan de robo, pero entregamos un municipio con calificación financiera doble A. Lo que no toleran es que demostramos que sí se puede gobernar con transparencia”, afirmó Martínez.
Martínez Martínez aseguró que la acusación es absurda porque el cabildo aprobó en sesión pública la prestación de subsistencia laboral, la cual fue reportada de manera transparente y con base legal.
“No nos robamos ni un peso. Todo lo que se hizo fue dentro de la Ley, aprobado por los regidores y registrado en actas. Hoy nos quieren convertir en delincuentes por ejercer derechos laborales que otros gobiernos también han aplicado”, afirmó.
También sostuvo que su administración fue una de las más auditadas en la historia del puerto, sin que se encontraran desvíos.
“Nos revisaron de arriba a abajo, tanto el Órgano Superior de Auditoría como la Auditoría Superior de la Federación, y no hallaron desfalcos. Ahora pretenden inventar delitos para callarnos”, señaló.
La ex presidenta municipal acusó directamente a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, de utilizar la fiscalía como un “brazo político” contra opositores.
“Este proceso no es jurídico, es político. A la gobernadora le incomoda que yo siga denunciando los problemas de inseguridad, corrupción e incapacidad que hay en su gobierno. Por eso quieren difamarnos y quitarnos de la vida pública”, expresó.
Finalmente, advirtió que seguirá defendiendo su nombre en los tribunales y en la arena política:
“No nos van a intimidar ni callar. Si creen que con estas artimañas vamos a dejar de luchar por Manzanillo y por Colima, están muy equivocados”, sentenció.
Por su parte el abogado defensor de las dos, Romualdo García, subrayó que el bono cuestionado fue aprobado legalmente por el cabildo y no representó desvío de recursos. Anunció que ya se interpuso una apelación contra la resolución de la juez, pues consideran que se ignoraron pruebas de descargo.
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