Jalisco.- Tras varios días de movilizaciones y bloqueos carreteros encabezados por productores agrícolas y campesinos del Bajío —principalmente en Guanajuato, Jalisco y Michoacán—, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales alcanzaron un acuerdo con el sector maicero para levantar las protestas y restablecer la circulación en más de 30 carreteras federales. Los campesinos exigían un precio de garantía justo por la tonelada de maíz blanco, estimado en 7,200 pesos, ante el desplome del precio internacional del grano.
Después de más de cinco horas de negociación en la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se firmó una minuta parcial a las 2:30 de la madrugada de este miércoles, comprometiéndose los productores a liberar las vías de manera gradual. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que durante la mañana persistían cierres parciales, aunque se prevé su liberación total conforme se concreten los acuerdos con los grupos restantes.
El pacto establece un precio base de 6,050 pesos por tonelada de maíz blanco, cifra que representa un incremento de 25% respecto al precio de referencia internacional, situado en 4,840 pesos. Este monto resulta de una aportación conjunta entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, y eleva la oferta inicial de 5,200 pesos. Además, se garantiza una rentabilidad mínima del 11% para los productores, la creación de mesas permanentes para revisar mecanismos de comercialización y apoyo a la industria, así como la ampliación de subsidios para mitigar el impacto de los precios globales a la baja.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la Sader, Julio Berdegué, explicó que el acuerdo “responde a la realidad del mercado global”, marcado por un stock récord y una expectativa de mayor producción mundial que ha presionado los precios a la baja. Señaló que el objetivo es garantizar estabilidad al campo mexicano mediante apoyos sostenibles, aunque reconoció que no es posible intervenir directamente en la industria privada. Sus declaraciones, inicialmente criticadas por sectores campesinos, fueron finalmente aceptadas tras la firma del acuerdo como “un paso necesario” para evitar la quiebra de miles de familias productoras.
En el caso de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó la participación activa del Gobierno del Estado en las negociaciones, a través del secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, y del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Eduardo Ron Ramos. El estado aportará 180 millones de pesos adicionales en apoyos a los productores, además de maquinaria para caminos saca cosechas y otros programas de impulso al campo.
El retiro de los bloqueos representa un respiro para la cadena logística nacional, afectada durante al menos dos días por los cierres en vías estratégicas como la Guadalajara-Colima, León-Silao y Maravatío-Zapotlanejo. Sin embargo, los líderes campesinos advirtieron que podrían retomar las movilizaciones si no se cumplen los compromisos pactados. Las mesas de trabajo continuarán este miércoles para definir las reglas de operación, las fechas de pago y la participación de la industria en el nuevo esquema de comercialización del maíz.
