Ciudad de México / Oaxaca.— Desde 2019, el gobierno mexicano tenía conocimiento de que el tramo de la Línea Z del Tren Interoceánico, donde recientemente ocurrió el accidente que dejó 13 personas muertas y 98 heridas.
Presentaba serias complicaciones técnicas debido a “pendientes y curvaturas muy elevadas”, al ubicarse en una zona montañosa con ondulaciones del terreno y obstáculos naturales en su trazo, reveló una investigación publicada por El Universal.
De acuerdo con la auditoría de cumplimiento a inversiones físicas 263-DE, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) analizó los primeros contratos otorgados para la corrección de pendiente y conexión ferroviaria del tramo comprendido entre los kilómetros Z 186+100 y Z 242+000, que va de Mogoñé a La Mata, en Oaxaca, zona donde ocurrió el siniestro.
Según el reporte, la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT) otorgó de manera apresurada el contrato FIT-GARMOP-OP-Z-08-2019 para la primera etapa de rehabilitación de 12.65 kilómetros a la empresa Daniferrotools, S.A. de C.V..
La ASF detectó una deficiente planeación de los trabajos, pues la rehabilitación inició sin contar con los estudios, proyectos ni el programa de ejecución completamente terminados, lo que impidió a los licitantes presentar propuestas técnicas solventes.
Aunque el contrato fue rescindido, la ASF solicitó al FIT investigar e iniciar procedimientos administrativos por irregularidades atribuibles a servidores públicos, quienes, pese a las deficiencias detectadas, continuaron con la obra. No obstante, la información pública no permite conocer si dichas irregularidades fueron solventadas ni las causas específicas de la rescisión contractual.
En el contexto del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Corredor Interoceánico fue impulsado con premura como uno de los proyectos prioritarios de su administración.
Según documenta El Universal, mientras públicamente se hablaba de una rehabilitación sencilla con beneficios comunitarios, el proyecto tenía un enfoque comercial de gran escala, orientado al transporte de toneladas de mercancías a velocidad premium entre el Pacífico y el Atlántico.
Las irregularidades no se limitaron al primer contrato. En la auditoría de cumplimiento 106, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, la ASF revisó el contrato FIT-GARMOP-OP-Z-13-2019, segunda etapa de rehabilitación del mismo tramo, otorgado a las constructoras Torres y Asociados, Ferro Maz, Chiñas Construcciones y Grupo Constructor Janus, por un monto de 284 millones de pesos. En este caso se detectó un probable desfalco, al reportarse el uso de maquinaria sin evidencia de su operación, lo que derivó en observaciones por daño a la Hacienda pública.
Estas inconsistencias persistieron en auditorías posteriores, incluida la de 2023, donde se identificó un probable daño por 169 mil 824 pesos debido a conceptos no previstos en el armado de la vía.
El accidente ocurrió el pasado domingo 28 de diciembre, cuando la Secretaría de Marina, dependencia encargada de la ejecución y supervisión de la obra, informó que la máquina principal del tren se descarriló a la altura del kilómetro 230+200, en el tramo rehabilitado entre Mogoñé Viejo y La Mata, cerca del poblado de Nizanda, Oaxaca.
De acuerdo con las auditorías públicas, el objetivo de la rehabilitación de la Línea Z era reducir curvaturas y pendientes para aumentar la seguridad, mejorar la eficiencia operativa y elevar la capacidad de carga del ferrocarril, con miras a detonar la actividad económica de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca. Sin embargo, las advertencias técnicas y las irregularidades administrativas documentadas desde el inicio hoy vuelven al centro del debate tras la tragedia.
Con información de El Universal.
