CONSULTA DE VERAS:
Por: Adalberto Carvajal
En Colima hay que cambiar la Ley de Participación Ciudadana para que “la gente tome las decisiones”, adelantó el diputado electo Vladimir Parra Barragán, tras confirmar a este columnista que, en cuanto se integre la LIX Legislatura local, él –como ex dirigente estatal de Morena– se incorporará a la bancada del Movimiento de Regeneración Popular.
“La democracia que tenemos actualmente es formal, ha dicho Andrés Manuel López Obrador, y hay que transitar –manteniéndola y fortaleciéndola– de una democracia meramente formal a una democracia participativa, la cual implica que la ciudadanía tome decisiones sobre asuntos fundamentales”, comentó el joven legislador electo.
“Para eso debe haber referéndum, plebiscito, revocación de mandato y consulta popular. Existen esas figuras en nuestra Constitución, pero hay toda una maraña legal que no las hace posibles. Tienes que conseguir 20 mil firmas tan solo para que entre la iniciativa al Congreso y los diputados digan si la aceptan o no.
“Las firmas no otorgan pase automático ni siquiera para que sus impulsores tengan uso de la voz y se vote la iniciativa”, añadió Parra Barragán al explicar que en este momento no son vinculantes las figuras de participación ciudadana aunque tengan un respaldo popular.
“En ese sentido, la gente tiene que poder decidir si queremos unos departamentos o una plaza comercial en la zona militar o si queremos un parque nacional protegido o un parque urbano, con espacios verdes, culturales y deportivos. Lo que sea que la gente decida.
“La comisión ciudadana que se nombró, es un chiste. No es una consulta la que pretenden hacer. Es una reunión corporativa, entre amigos que pretenden hacer negocios.
“Queremos una consulta popular y que la gente vote en las urnas. Y estoy seguro que la gente va a decidir por un espacio público, cultural, deportivo y abierto.
“A quienes preguntan de dónde saldrá el dinero para el mantenimiento, o cuestionan la consulta popular por supuesto populismo, basta responderles con otras preguntas:
“¿Y las pensiones que acaban de dar a dos ex dirigentes magisteriales?, ahí nada más se erogarán 80 mil pesos al mes.
“¿Y lo que se llevarán de jubilación los magistrados?, súmenle.
“¿Y si los diputados ganan quién sabe cuánto porque no hay transparencia, pero pasa de los cien mil pesos mensuales?, con rebajarles a la mitad alcanza para mantener ese parque.
“¿A poco no ajusta un millón o millón y medio de pesos mensuales para conservar el parque?”, inquirió Vladimir.
“Sí hay dinero, lo que se necesita es voluntad para que dejen de robar. Pero dinero sí hay. Se puede costear el proyecto manteniendo cero deuda; impulsando el crecimiento y la estabilidad económica; siendo responsables en materia financiera.
“No estamos en contra del comercio ni en contra de la ganancia o de los empresarios. Al contrario, queremos que la economía local se fortalezca y que salga adelante. Por eso muchos empresarios se están acercando al Movimiento”, resumió Parra Barragán.
NI MODO QUE DIJERAN NO:
Un debate ocioso sobre el perfil del fiscal general del estado hizo que la opinión pública se desentendiera de la discusión sobre el perfil del fiscal anticorrupción, que es el que realmente debe ser autónomo y ajeno al titular del Ejecutivo porque son los posibles delitos de los funcionarios públicos los que este fiscal especial tendrá que perseguir.
Hemos dicho en otras ocasiones que la autonomía del fiscal general es un tema impráctico que responde a la corrección política, pero que niega la facultad punitiva que tienen el presidente de la república o el gobernador del estado, en su respectivo caso, y la discrecionalidad para perseguir los delitos más graves ante la imposibilidad de perseguirlos todos.
Esta incongruencia entre un Ejecutivo que por la naturaleza misma de su cargo define la política anticriminal y un fiscal autónomo que, por lo mismo, se dice independiente del gobernante, deriva de la contradicción entre dos modelos de procuración de justicia.
En los estados nacionales donde tienen una fiscalía autónoma, al fiscal se le elige en las urnas. Pero en un sistema legal como el mexicano resulta absurdo proclamar la autonomía cuando el Poder Ejecutivo sigue manteniendo la discrecionalidad en la persecución de los delitos.
En un esquema como el nuestro, el que debe ser autónomo debe ser el fiscal anticorrupción. Mientras que el procurador general, como quiera que se le llame, debe ser un hombre de las confianzas de quien recibió el bono democrático, es decir, del gobernante electo en las urnas.
Sin embargo, tanto a nivel federal como estatal, la mentada autonomía del fiscal se rompió con la designación directa por parte del Ejecutivo del primer titular de esa fiscalía “autónoma”. El fiscal es entonces autónomo, pero de mentiras.
Para legitimar el nombramiento del nuevo fiscal general, el gobernador Ignacio Peralta convocó a una consulta pública para definir al perfil idóneo. Al mismo tiempo que la prensa oficialista hacía propaganda a favor del encargo del despacho de la Fiscalía General del Estado, Gabriel Verduzco.
¿Se trataba de trasladar al gremio de abogados, la sociedad civil o los medios de comunicación el costo político de ratificar a Verduzco, haciéndoles creer a los colimenses que la decisión todavía no estaba tomada y que gente como Arturo Díaz Rivera tenía oportunidad?
Alguien le sigue mal aconsejando a JIPS eso de que es una buena estrategia intentar pasarse de listo. ¿Qué esperaba el Ejecutivo, que la consultara arrojara razones para no designar a Gabriel Verduzco como nuevo fiscal?
Por cierto, la próxima legislatura tendrá también que encontrarle la cuadratura al círculo vicioso que encierra la designación de un fiscal no autónomo en los hechos, por más de seis años.
La política anticriminal del gobernador o la gobernadora que llegue al cargo en 2021 la tendrá que decidir él o ella. No puede ser herencia de un mandatario que ya no estará en funciones para entonces.
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