COLIMA.- Desde el inicio de la administración de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, el 1 de noviembre de 2021, la Secretaría de Seguridad Pública del estado ha tenido cuatro titulares, todos formados en la Marina de México, en un contexto marcado por una crisis de violencia sin precedentes.
El primer nombramiento recayó en el capitán de navío del Cuerpo de Infantería de Marina, paracaidista y de Fuerzas Especiales, Manuel Llerandi Ruiz, quien dejó el cargo el 28 de septiembre de 2022.
Posteriormente asumió el capitán de navío de Infantería de Marina, diplomado de Estado Mayor, Héctor Alfredo Castillo Báez, quien permaneció en funciones hasta el 24 de enero de 2025.
A él le siguió el contralmirante Gerardo Romero Santana, cuyo encargo concluyó el 4 de febrero de 2026, para dar paso al más reciente nombramiento, el del marino teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, este 4 de febrero de 2026.
Si bien es cierto que la situación de violencia tiene antecedentes en varios sexenios anteriores, durante estos años la seguridad en Colima se deterioró de manera acelerada.
Un punto de quiebre se registró el 25 de enero de 2022, cuando una riña al interior del Centro de Reinserción Social de Colima dejó inicialmente nueve personas muertas y siete lesionadas. Tras ese hecho, el Gobierno del Estado nombró públicamente, por primera vez, al grupo criminal “Los Mezcales”, marcando un precedente en el discurso oficial.
A este episodio le siguieron hechos de alto impacto, como el ataque armado a una vivienda en la colonia Lomas de Vista Hermosa, donde el 7 de febrero de 2022 fueron localizados 221 casquillos percutidos, así como homicidios registrados esa misma noche en distintos puntos de la capital.
Desde entonces, la entidad ha sido escenario de una escalada sostenida de violencia caracterizada por cientos de asesinatos, mensajes amenazantes en cartulinas y lonas, abandono de restos humanos, quema de viviendas y vehículos, así como múltiples ataques armados.
En este contexto, de manera reiterada se ha mencionado que la disputa criminal en Colima involucra a organizaciones de alcance nacional como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, además de grupos locales, lo que ha contribuido a la complejidad del escenario de seguridad.
Esta situación colocó a Colima de forma recurrente en el foco rojo nacional por su tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes.
En el periodo de Héctor Alfredo Castillo Báez se registró una mayor apertura informativa, con ruedas de prensa de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Seguridad del Estado de Colima, que inicialmente se realizaban de forma semanal, luego mensual, hasta desaparecer, lo que derivó en un mayor hermetismo institucional.
Con Gerardo Romero Santana, el contacto con los medios fue aún más limitado, con escasas entrevistas y ejercicios de comunicación que, en algunos casos, quedaron inconclusos.
A lo largo de este sexenio, la violencia no se ha limitado a disputas entre grupos criminales. Entre las víctimas se encuentran civiles sin vínculo aparente con el crimen organizado, elementos de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, personal de la fiscalía, integrantes de las fuerzas armadas, así como mujeres, adultos mayores, menores de edad e incluso bebés.
Los hechos se han registrado tanto en zonas despobladas como en espacios públicos, jardines principales, estacionamientos y al interior de viviendas.
A ello se suman feminicidios, desapariciones, el hallazgo de fosas clandestinas, así como asesinatos de funcionarios públicos, diputados y exalcaldes, además de delitos del fuero común y extorsiones, conformando un panorama complejo que ha marcado a Colima durante la administración de Indira Vizcaíno Silva, para quien la seguridad se mantiene como uno de los principales pendientes frente a la población.
Si bien las cifras oficiales muestran una disminución en algunos indicadores de violencia y de incidencia delictiva, en la percepción social el tema continúa siendo un punto crítico, ya que los hechos de alto impacto siguen ocurriendo y afectan de manera cada vez más cercana la vida cotidiana de la ciudadanía.
El hecho más reciente fue la muerte de dos mujeres durante la madrugada del sábado 1 de febrero; las víctimas eran familiares del actual secretario de Educación Pública del país, Mario Delgado Carrillo, originario de Colima.
221 casquillos fueron contados en casa rafagueada está madrugada en Colima
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