Condados, ciudades y organizaciones estadounidenses presentaron ante una corte federal una demanda contra la ley de inmigración de Arizona, que organismos internacionales e hispanos consideran discriminatoria.
La demanda colectiva, encabezada por el condado californiano de Santa Clara, exige que la legislación sea declarada anticonstitucional.
Promulgada el 23 de abril por la gobernadora Jan Brewer, la ley SB1070 permite que la policía detenga a cualquier persona sospechosa de ser un migrante indocumentado.
Los denunciantes aseguran que la medida hace a la gente susceptible de ser acosada, hostigada e incluso arrestada indebidamente.
A Santa Clara se sumaron los condados de Monterey y Los Ángeles y las ciudades de Baltimore, Berkeley, Los Ángeles, Minneapolis, New Haven, Palo Alto, Portland, Oregon, Saint Paul, San Francisco, San José y Seattle.
También se unieron a la demanda el Consejo Nacional de La Raza, la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, la Asociación Barra de Abogados Hispanos y la Barra Nacional Hispana.
La demanda exige que sea emitida una orden de restricción para que la medida no entre en vigor el 29 de julio, mientras la Corte determina su constitucionalidad.
“La ley de Arizona es un asalto directo a los derechos civiles de la gente y aumentará el temor al perfil racial en comunidades a nivel nacional”, dijo el supervisor del condado de Santa Clara, George Shirakawa.
Según los denunciantes, la legislación busca que Arizona asuma una función que le corresponde al gobierno federal.
Mientras el gobierno de Arizona asegura que la nueva ley le permitirá cumplir con su deber de mantener el orden en el estado, la Casa Blanca ha cuestionado la norma y analiza la posibilidad de actuar legalmente en su contra.
