APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
En México, el poder ha dejado de fingir. Ya no se molesta en operar desde las sombras. Ahora utiliza abiertamente al Estado para censurar, intimidar y amenazar con cárcel a periodistas que hacen su trabajo: informar, cuestionar y exponer lo que muchos quisieran mantener oculto.
Lo ocurrido con Héctor de Mauleón no es un caso menor. Es una señal gravísima. Un periodista, en plena libertad de ejercicio profesional, escribió una columna sobre presuntos vínculos entre el crimen organizado, redes de corrupción y aspiraciones dentro del Poder Judicial de Tamaulipas. Lo hizo con datos, con nombres, con hechos que apuntan a una estructura de poder podrida desde sus cimientos.
¿La respuesta? El aparato electoral del estado le ordenó callar. Le prohibió volver a mencionar el tema. Y no sólo a él: también a El Universal, el diario que publicó su columna. La advertencia llegó directamente a su casa, en forma de notificación oficial. Y detrás de esa orden, el mensaje es claro: hablar tiene consecuencias.
El argumento legal —violencia política de género— ha sido instrumentalizado para acallar una denuncia pública. No se trata de proteger derechos, sino de blindar intereses. Y lo más alarmante es que esta censura no viene de actores criminales ni de grupos clandestinos, sino del propio Estado, activado por quienes hoy tienen poder, influencia o ambos.
No hay mayor alerta para una democracia que cuando desde las instituciones se busca acallar a la prensa. Cuando se pretende, con herramientas legales, castigar la opinión. Criminalizar la información. Silenciar el periodismo.
Este caso deja claro que en México, decir la verdad puede ser un delito. Que cuestionar al poder puede llevarte a los tribunales. Que ejercer el periodismo ya no sólo implica riesgos en la calle, sino también embates desde los escritorios del poder.
Hoy, De Mauleón enfrenta una medida cautelar. Ayer fue un portal digital obligado a bajar reportajes. Mañana podría ser cualquier periodista, medio o voz crítica. No se trata de un episodio aislado, sino de una tendencia que debemos mirar con seriedad.
Porque si el Estado empieza a usarse como arma contra la libertad de expresión, lo que está en juego ya no es solo el derecho a informar, sino el derecho de la sociedad a saber. Y cuando eso se pierde, lo que sigue no es el silencio: es el sometimiento de las ideas y cuando en un país se castiga por pensar, podría estar llegando al punto de no retorno.
