Ciudad de México.- A propósito del día Nacional del Ministerio Público que se celebra el 22 de octubre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelo que tanto el nivel de confianza como la percepción sobre su desempeño muestran tendencias positivas, incrementándose alrededor de 21 y 13 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2011 y 2019.

El actuar de los Ministerios Públicos tiene un efecto en la percepción de la población sobre el quehacer de las instituciones gubernamentales, por lo que es un factor que puede arrojar pistas sobre la eficacia que tienen las decisiones de política en la protección de derechos de la sociedad.

En 2018, en entidades como Zacatecas, Yucatán, Nuevo León y Chihuahua, casi siete de cada diez ciudadanos manifestaron tener mucha o algo de confianza en los agentes del Ministerio Público.

En contraste, en la Ciudad de México y el estado de México se encontraron niveles de confianza más bajos, pues solo tres y cuatro de cada diez ciudadanos confiaron algo o mucho en el Ministerio Público, respectivamente. Cabe destacar que en 2018 alrededor de seis de cada diez personas manifestaron tener confianza en la Fiscalía General de la República FGR.

Las entidades que tuvieron los niveles más altos de confianza también presentaron la mayor proporción de personas que consideraron que el desempeño de los Ministerios Públicos es efectivo; por lo que los niveles más bajos de percepción se encontraron en la Ciudad de México y el estado de México.

La confianza que la población tiene en el Ministerio Público se relaciona negativamente con la cifra negra, es decir, con la cantidad de delitos que no se denuncian ante las autoridades; esta relación señala la importancia de estos indicadores para medir el nivel de acceso a la justicia en la sociedad.

Panorama general

En 2017, el Estado mexicano contó con 195 agencias y dos mil 940 agentes y fiscales para atender los delitos del fuero federal, y con tres mil 462 agencias y 10 mil 315 agentes y fiscales para atender los delitos del fuero común.

Lo anterior representa una tasa de 8.4 agentes y fiscales del fuero común y 2.4 agentes del fuero federal por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.

Para el fuero común, las entidades con mayores tasas en 2017 fueron Chihuahua, Ciudad de México y Quintana Roo con más de 15 agentes por cada cien mil habitantes mientras que en los estados de México, Puebla, Jalisco, Nuevo León y Sonora, la tasa fue menor a 5 por cada 100 mil habitantes.

A nivel nacional, al cierre de 2017 había 14.6 por ciento más agentes y fiscales del fuero común que en 2013 (al pasar de 9 mil 003 a 10 mil 315), lo que significó un aumento en la tasa por cada 100 mil habitantes de 7.6 a 8.4 agentes y fiscales en el país.

Es importante mencionar que no en todas las entidades se presentó este incremento, solo ocurrió en 20 de las 32 entidades. Los estados que tuvieron el mayor aumento fueron Michoacán, Chihuahua, Colima y Tabasco, mientras que Durango y Guerrero registraron la mayor reducción.

Salario

Al indagar en las percepciones salariales se encontraron diferencias importantes entre niveles de gobierno y entidades federativas. En el caso de la procuración de justicia federal, 97.2 por ciento de los fiscales percibía más de 30 mil pesos mensuales, mientras que en las fiscalías o procuradurías estatales 15.4 por ciento de los agentes y fiscales tenían ingresos en este rango de salario.

Existen diferencias importantes entre entidades en el nivel de salario que se paga; por ejemplo, la mayoría de agentes y fiscales de Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes percibían ingresos similares a lo que se paga a nivel federal, mientras que en 12 entidades más de 90 por ciento de sus agentes tenían ingresos menores a 20 mil pesos mensuales.

Colaboración

Además de los agentes y fiscales, los Ministerios Públicos cuentan con el apoyo de otros actores que son clave durante la etapa de investigación, como lo son la policía ministerial o de investigación, los peritos y los analistas. De la actuación de cada uno de estos operadores depende la eficiencia y eficacia con la que se lleva el proceso de procuración de justicia.

A nivel nacional, uno de cada cuatro servidores públicos adscritos a las agencias del Ministerio Público era agente o fiscal. En cuanto a las policías ministeriales, quienes auxilian al Ministerio Público en la investigación de los delitos, se contabilizaron en el país 13 928 policías de investigación en 2017, de los cuales 14 por ciento estaba adscrito al ámbito de procuración de justicia federal

Investigación

Para la investigación de los delitos de fuero común, se encontró una razón de 1.2 policías de investigación por cada agente del Ministerio Público, mientras que a nivel federal esta razón fue de 0.7. Si bien existió en 2017 una relación casi unitaria entre agentes del Ministerio Público y policías de investigación, entre los estados se encontraron diferencias importantes.

Las entidades que disponen del apoyo de más policías por agente son Baja California Sur y Guerrero con más de 3 policías por agente, mientras que en siete entidades la razón fue menor a 0.5, lo que significa que por cada dos agentes existe un policía de investigación.

Quehacer

En el quehacer de los Ministerios Públicos, las carpetas de investigación constituyen la materia de trabajo de cada agente o fiscal, en tanto que en ellas se integran todos los datos de prueba, actas e informes que permiten la construcción de la teoría del caso. En su conjunto conforman la carga de trabajo que los Ministerios Públicos deben atender.

En 2017, se abrieron 1 millón 768 mil 112 carpetas de investigación en los Ministerios Públicos del fuero común del país, lo que representa 5.3 por ciento más que las abiertas–incluye averiguaciones previas– en 2013.

En cuanto al número de delitos, en 2017 se registraron 1 millón 788 mil 622 delitos del fuero común en carpetas de investigación abiertas ese año, lo que equivale a 1.01 delitos por carpeta de investigación, relación que se mantiene sin cambios respecto a 2013.

Los delitos de robo fueron los que ocuparon la mayor carga de trabajo para los Ministerios Públicos. En promedio, cada agente o fiscal tuvo que atender 69.5 robos durante 2017. BP