Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que reforma el artículo 19 de la Constitución Política para ampliar el catálogo de delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa, cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio.
El documento avalado con 377 votos a favor, 96 en contra y cinco abstenciones y enviado a legislaturas locales para sus efectos constitucionales, incluye el abuso o violencia sexual contra menores; feminicidio; robo de casa habitación; uso de programas sociales con fines electorales; corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.
También delitos de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
En lo particular, se aceptó la reserva del diputado Rubén Terán Águila (Morena), a efecto de dejar el dictamen como lo remitió el Senado, y no sólo con tres delitos como los aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales.
Terán Águila expresó que académicos, especialistas, líderes sociales y representantes de la sociedad civil pugnaron por la incorporación de diversos delitos: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa-habitación, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, así como en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, “son infracciones que se pretenden incorporan a petición de la sociedad civil”.
Se busca prevenir y, en su caso, sancionar conductas graves e ilícitos que vulneran la seguridad del Estado mexicano, que menoscaban el patrimonio de las familias, que dañan a la niñez mexicana y que atentan contra la vida de las mujeres.
El objetivo es disminuir la incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas hacia las víctimas o bien para las instituciones, así como atender de manera eficaz los problemas de impunidad e inseguridad en los que está inmerso el pueblo y el Estado mexicano.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), recordó que la minuta se recibió el 11 de diciembre de 2018 y se dictaminó en cumplimiento con el Reglamento de la Cámara. Se decidió considerar en sus argumentaciones, y como fuente de conocimiento, las ocho iniciativas en la materia presentadas en la actual legislatura al 15 de enero.
La comisión refrendó que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que tiene como objeto evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social, la cual no se establece de manera arbitraria.
La comisión consideró que el Estado debe contar con mayores instrumentos para proteger los derechos de la seguridad de las personas, sobre todo ante la situación de violencia e impunidad que afecta al país desde hace más de una década y que ha rebasado el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia penal.
Carrillo Martínez resaltó que se consideró el mínimo posible de afectación a la perspectiva de los derechos humanos y ponderó que la situación en México es de emergencia, debido a que se encuentra en un entredicho de su propia naturaleza de Estado constitucional de derecho y de sus instituciones, por los altos niveles delictivos y falta de eficacia institucional para detenerlos.
Puntualizó que en el caso de los cinco artículos transitorios, la dictaminadora resolvió dejarlos en sus términos, de acuerdo con la minuta, debido a que otorgan armonía al sistema jurídico y penal y establece que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia de este decreto.
En este escenario, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó celebrar audiencias públicas, mismas que se realizaron del 6 al 8 de febrero, a fin de escuchar a los interesados en el tema. Se abordaron cuatro ejes temáticos en los que se analizó fundamento constitucional, seguridad y justicia, sistema penal y libertades e investigación. BP
