JALISCO.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Seguridad del Estado tras documentar omisiones graves en la muerte de una persona privada de la libertad en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, en Tonalá, ocurrida en febrero de 2022.
La queja 1385/2022 fue iniciada de oficio luego de la publicación de una nota periodística el 13 de febrero de ese año, en la que se informaba que un interno había sido asesinado dentro del penal tras ser golpeado por otra persona privada de la libertad. La Fiscalía del Estado tomó conocimiento del hecho e inició una investigación.
Según la indagatoria realizada por la CEDHJ, la agresión ocurrió el 11 de febrero de 2022, cuando el interno fue atacado por otros dos compañeros de celda en el interior del dormitorio. La víctima fue golpeada durante la tarde, pero fue hasta los primeros minutos del día siguiente cuando el personal de custodia se percató del hecho, tras el llamado de otros internos, quienes reportaron que su compañero no presentaba signos vitales.
Este caso evidenció la omisión de las autoridades de la Comisaría de Prisión Preventiva (CPP) para implementar medidas adecuadas de seguridad, así como para prevenir y evitar actos de violencia entre personas privadas de la libertad. La falta de intervención derivó en la muerte del interno, provocada por traumatismo craneoencefálico.
Las autoridades penitenciarias, al rendir su informe de ley, señalaron que el 11 de febrero de 2022 el estado de fuerza en la Comisaría era de 66 elementos durante el día y 60 en el turno nocturno, número insuficiente para cumplir con el mandato constitucional de protección en los centros penitenciarios.
La CEDHJ concluyó que la ausencia de vigilancia efectiva en el módulo 13 tuvo incidencia directa en el fallecimiento del interno, y subrayó que la falta de intervención oportuna impidió tanto evitar la agresión como brindar atención médica inmediata.
Cabe señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022, ya había señalado deficiencias similares, entre ellas la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, bajo el rubro de “Condiciones de Gobernabilidad”.
La defensoría estableció que la muerte del interno fue consecuencia de omisiones institucionales y de la falta de personal suficiente para custodiar y vigilar adecuadamente. Esto representa una violación a los derechos humanos a la vida, integridad y seguridad personal, y confirma la existencia de responsabilidad institucional.
Recomendaciones de la CEDHJ
En este sentido, la CEDHJ dirigió varias recomendaciones a la Secretaría de Seguridad del Estado, entre ellas:
Coordinarse con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para inscribir a los familiares directos del fallecido en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de garantizarles atención y reparación integral conforme a derecho.
Otorgar compensación económica a las víctimas indirectas, como medida de reparación del daño material y moral.
Dar vista al órgano competente para iniciar procedimientos de investigación y responsabilidad administrativa contra los servidores públicos que pudieran estar implicados en los hechos.
Reforzar, con debida diligencia, la presencia del personal de custodia en los módulos de los centros de reclusión, con el fin de prevenir hechos violentos como el ocurrido.
Gestionar recursos para aumentar el estado de fuerza en la Comisaría de Prisión Preventiva y garantizar condiciones mínimas de seguridad en los centros penitenciarios a cargo del Gobierno del Estado.
