APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
En México, no es nuevo que ejercer el periodismo libre implica un alto riesgo, no solo por la violencia que azota a reporteros en zonas controladas por el crimen organizado, sino por algo aún más grave: el intento del Estado por criminalizar la libertad de expresión.
El caso más reciente, y alarmante, es el del periodista Jorge Luis González Valdez y el periódico Tribuna, de Campeche. Una jueza de control, Ana Maribel de Atocha Huitz May, ha ordenado que todo lo que el medio publique sobre la gobernadora Layda Sansores sea revisado y aprobado por un interventor judicial. No se trata de una sugerencia, sino de una medida cautelar impuesta con el aval del Poder Judicial del estado.
Sí, leyó bien: un censor oficial decidirá qué puede decir y qué no puede decir un periodista. La censura previa —prohibida por la Constitución mexicana y por estándares internacionales de derechos humanos— ha dejado de ser una amenaza para convertirse en realidad. Y se aplica, paradójicamente, en nombre de la “dignidad” de una figura pública.
Esto ya no es solo preocupante. Es una señal inequívoca de regresión democrática.
Bajo el pretexto de proteger a la gobernadora de supuestos agravios mediáticos, se ha instaurado un mecanismo que no solo inhibe la crítica, sino que instala una estructura autoritaria de control informativo. Un poder judicial que debiera defender libertades, hoy actúa como instrumento de silenciamiento político.
Jorge Luis González no está solo. En los últimos años, han aumentado los casos en los que periodistas son acosados, demandados o perseguidos por publicar investigaciones, evidenciar corrupción o simplemente hacer preguntas incómodas. Lo vemos desde lo local hasta el ámbito federal. Se castiga la palabra crítica. Se persigue el oficio. Se descalifica al que documenta.
Y lo más grave: el Estado mexicano, que tiene el monopolio de la fuerza y de las instituciones, se victimiza. Se presenta como agraviado frente a una prensa que solo cumple con su deber democrático. Estamos ante una inversión absurda de los valores republicanos: el poder ya no tolera el escrutinio y pretende blindarse mediante el miedo y la censura.
Esto no es nuevo, pero sí más peligroso. Hoy, en pleno siglo XXI, se normaliza la censura judicial. Se persigue con el Código Penal lo que antes se debatía en la plaza pública o en los medios. Se busca sancionar al periodista como si fuera delincuente, cuando su única “falta” es hacer uso de un derecho: el de informar y opinar libremente.
¿Hasta dónde vamos a permitirlo?
Si una jueza puede mandar callar a un periodista, si un interventor puede revisar cada nota antes de que vea la luz, si el gobierno puede escudarse en su “dignidad” para evitar el cuestionamiento público, entonces la libertad de expresión ha dejado de existir y México avanza por el resbaladizo camino del autoritarismo.
Hoy es Jorge Luis González. Mañana puede ser cualquiera. Porque cuando informar se convierte en delito, todos nos volvemos sospechosos.
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