Colima.- En el Congreso del Estado se presentó la iniciativa de ley con proyecto de decreto para expedir la “Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Colima”, la cual busca que ningún servidor público gane más que el Presidente de la República o el Gobernador del Estado de Colima.
El documento presentado en tribuna el pasado 6 de diciembre contempla 5 capítulos, 17 artículos y 2 transitorios, en el que destaca su capítulo segundo, artículo sexto el cual habla sobre la determinación de las remuneraciones.
El diputado Carlos César Farías Ramos, coordinador del grupo parlmentario del Partido del Trabajo (PT) comentó que la intención de esta iniciativa es la homologar las políticas públicas federales con las estatales, esto debido a que el 24 de agoto 2009 fue publicada una Reforma a varios artículos de la Constitución, en la que se fincaron las bases para imponer límites máximos a las remuneraciones de los servidores públicos de los tres ordenes de gobierno, y que mandató a su vez se emitiera la legislación correspondiente en los Estados.
Ya que en sus fracciones I y II contemplan que ningún servidor público pueda recibir una remuneración o retribución mayor a la establecida para el Presidente de la República o el Gobernador, además de que ningún funcionario podrá tener un salario mayor igual o mayor que su superior jerárquico, salvo las excepciones especificadas en dicha Ley.
Así mismo, la iniciativa de ley pretende que todos las remuneraciones y sus tabuladores sean públicos, por lo que no pueden clasificarse como información reservada o confidencial, además de que tendrán que especificar la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto efectivo como en especie.
El diputado comentó que se deben evitar que esta soberanía incurra en lo que la reciente doctrina judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha denominado Omisión Legislativa, añadiendo que han transcurrido 8 años desde su promulgación y aún no hay una ley local en la materia; a pesar de que el decreto federal mandataba a las legislaturas estatales un plazo de 180 días naturales después de su entrada en vigor.
Por lo anterior el Coordinador petista presentó esta iniciativa que pretende modificar las remuneraciones del Congreso, el Poder Judicial, los organismos autónomos o independientes, los tribunales de justicia, la Fiscalía General, los organismos centralizados, paraestatales y descentralizados.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativo y Puntos Constitucionales; de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, así como a la Comisión de Trabajo y Presión Social, para su análisis, con el fin de presentar el proyecto de decreto que tendrán que analizar los legisladores en su conjunto.
Derechos Reservados AFmedios
