APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
Cada día es más difícil que los mexicanos y la prensa puedan tener información real de cómo se gasta el presupuesto, qué contratos firma el gobierno o por qué se ocultan decisiones públicas bajo un manto de opacidad, en el Congreso se perpetró algo preocupante para los derechos fundamentales como ciudadanos.
Una reforma que permite al Estado acceder, sin orden judicial, a bases de datos públicas y privadas, bajo el argumento de “combatir al crimen”.
Sí, leyó usted bien: ahora, la autoridad podrá entrar —sin pedirle permiso a un juez— a información bancaria, telefónica, biométrica o de plataformas digitales. Un acceso ilimitado, sin controles, sin garantías para el ciudadano. Es, en esencia, una legalización de la vigilancia sin rostro ni límites.
La paradoja es brutal. En los últimos años, el poder público ha recortado cada vez más las posibilidades de fiscalización ciudadana. El ejemplo más grave: la virtual desaparición del INAI, el órgano constitucional encargado de garantizar el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Es decir, los ciudadanos estamos perdiendo el derecho de saber qué hace el gobierno, pero el gobierno está ganando el derecho a saberlo todo sobre nosotros.
¿Cómo se puede justificar una democracia en la que se invierte el principio de transparencia? El gobierno, que debería ser vigilado, ahora espía. Y el ciudadano, que debería estar protegido, ahora es vulnerable.
La reforma aprobada en San Lázaro —bautizada con justicia como la Ley Espía— fue presentada como una modernización del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sus promotores prometen eficiencia, combate al crimen y uso ético de la información. Pero en el articulado quedó claro que se eliminan salvaguardas y se concentran poderes, al permitir que datos personales sean usados sin orden judicial, sin supervisión civil real y sin que el ciudadano siquiera sea notificado.
Además, se otorgaron nuevas atribuciones al Consejo Nacional de Seguridad Pública, que podrá condicionar la entrega de recursos federales a estados y municipios. Es decir, se refuerza el control central sobre las entidades, mientras se abre una puerta peligrosa a la discrecionalidad y la revancha política.
La oposición denunció la jugada como un “albazo autoritario”, pues el dictamen fue modificado de madrugada y votado sin tiempo para su análisis. Y aunque algunos partidos, como el PAN, intentaron justificar su voto a favor por los aspectos técnicos de la ley, el mensaje final es preocupante: los contrapesos institucionales parecen diluirse frente a una mayoría que legisla sin freno.
Todo esto plantea una pregunta esencial: ¿en manos de quién estarán los datos de millones de mexicanos? ¿Quién tendrá acceso a tu historial médico, a tus llamadas, a tus movimientos bancarios, a tu localización en tiempo real? Y lo más importante: ¿quién te defenderá si se usan en tu contra?
La historia nos ha enseñado que los gobiernos —de cualquier signo— pueden abusar del poder cuando no hay límites. Y que la vigilancia masiva no siempre garantiza seguridad, pero sí amenaza libertades.
En el México que se perfila, la privacidad ciudadana se convierte en sospecha, mientras que la opacidad gubernamental se convierte en regla. Hoy más que nunca, es legítimo preguntarse: ¿quién nos va a cuidar del que dice cuidarnos?
