APUNTES PARA EL FUTURO
Por Essaú LOPVI
La elección judicial terminó como muchos temíamos: envuelta en sombras, manchada por irregularidades y validada por un árbitro electoral que prefirió la prudencia institucional antes que la defensa de la democracia.
El INE declaró la validez de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a que las señales de alarma no eran pocas ni sutiles: boletas sin doblez, votos clonados con la misma caligrafía, casillas con 100% de participación, urnas abiertas fuera del horario y una distribución masiva de “acordeones” que prácticamente anticiparon, con un 80% de precisión, los resultados oficiales.
No hablamos de errores aislados ni de incidentes menores. Lo que vimos fue la reaparición sistemática de prácticas que creíamos superadas: manipulación, presión, coacción, propaganda encubierta y, sobre todo, una estrategia de simulación cuidadosamente diseñada para construir una mayoría a modo en el Poder Judicial. Si esas prácticas fueran parte de una elección municipal en los años noventa, la hubiéramos tachado de fraudulenta. Pero hoy, bajo un nuevo régimen y en pleno 2025, se pretende vestir de legitimidad un proceso que muchos consejeros del propio INE consideraron viciado desde su origen.
La consejera Dania Ravel lo dijo sin rodeos: validar esta elección es enviar el mensaje de que no habrá consecuencias. Y tiene razón. Porque si se normaliza que jueces constitucionales lleguen al máximo tribunal con el respaldo de una maquinaria partidista, con votos inducidos o coaccionados, entonces hemos roto el delicado equilibrio que sostiene una democracia constitucional: el de la división de poderes.
Esto no es un episodio aislado. Forma parte de un patrón. La captura de los órganos autónomos, la deslegitimación sistemática de las autoridades electorales, el acoso al Poder Judicial y la burla al marco constitucional han sido parte de la narrativa dominante en los últimos años. Y ahora, con esta elección judicial, el proyecto de concentración del poder en una sola fuerza política da un paso más, con toga y sin pudor.
El consejero Arturo Castillo advirtió que, si se comprueba el uso de recursos públicos o privados para promover estas candidaturas, podría actualizarse una causal de nulidad. Pero el INE no puede declararla, y la ruta jurídica tomará tiempo… si es que llega. Mientras tanto, los nuevos ministros —algunos con clara cercanía al poder ejecutivo— ya habrán asumido el cargo y emitido sentencias.
La democracia no muere de un golpe. Muere en pedazos, con cada institución debilitada, con cada elección manipulada, con cada árbitro que decide mirar a otro lado. Esta elección judicial no solo representa una regresión democrática, sino un punto de quiebre en el pacto constitucional. Si el Poder Judicial se somete, se pierde el último contrapeso real.
Hoy no basta con contar votos. Hay que contar también las condiciones en que se emitieron, la libertad con la que se ejercieron, el acceso equitativo de las candidaturas, el respeto al proceso. De lo contrario, lo que validamos no es una elección: es una puesta en escena.
Y detrás del telón, lo que avanza es la idea de que el poder ya no necesita legitimidad para perpetuarse, solo el trámite de una elección simulada.
