COLIMA.- Pablo Navarrete Zamora, Presidente del Colegio de Abogados Postulantes Asociación Civil, señaló que la comunidad jurídica demanda una reforma integral del Poder Judicial del estado, justicia de calidad, eficiente y que responda a la sociedad.
Dan un plazo de cinco meses para que se vean mejoras, de lo contrario interpondrán una demanda de amparo para que la autoridad federal regule la función judicial, y que vengan a observar si realmente se está impartiendo justicia.
«Una reforma integral en el sistema de impartición de justicia, durante los años, la comunidad litigante ha estado viviendo un letargo en los procedimientos judiciales que se ha ido empeorando a través de los años, tal vez por la expansión demográfica pero, la obligación de los operadores de justicia es administrar justicia en los términos que marca la Ley».
Consideró que se deben encontrar los mecanismos ha efecto de garantizar que las sociedad tenga lo que marca la Constitución, una justicia pronta, expedita y además de calidad.
Navarrete Zamora consideró que se deben integrar los tres Poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima (Osafig), a efecto de hacer eficiente o calificar la eficiencia del gasto público.
Citó como ejemplo, lo informado por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana, en el que refiere que una Sala Penal con un presupuesto de 4 millones, resolvió 150 sentencias, que divididas entre los tres magistrados que la integran son 50 sentencias para cada uno, el costo beneficio es de 25 mil pesos por cada sentencia.
«Está mal distribuido el gasto, tal vez sobran magistrados, porque hay mucha carencia en los juzgados. No se trata de hacer un linchamiento hacia los juzgadores, conocemos las carencias, no les dan las herramientas suficientes, ellos están sometidos y sacando el trabajo en la medida que pueden, mientras que los altos mandos gozan de emolumentos muy generosos».
Consideró que en ocasiones quienes tienen que notificar deben poner de su dinero para gasolina, y trasladarse en vehículos en malas condiciones poniéndose en riesgo, mientras que los altos funcionarios cuentan con gasto de gasolina y sueldos muy altos, considerando que desde ahí ya hay corrupción.
Navarrete Zamora señaló que ya se han presentado denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, pero se han estancado, y el retraso de procedimientos el Código Penal los cataloga como delito contra la impartición de justicia, como actos de corrupción.
«Si la Ley te dice que un acuerdo debe salir en tres día y sale en tres meses, se está dilatando un procedimiento, entonces ahí hay un delito».
«Con base a este movimiento, se van a hacer varios pasos, en un término de cinco meses si no vemos una mejora vamos a hacer una demanda de amparo para que la autoridad federal regule la función judicial, que vengan y califiquen si realmente se está haciendo justicia».
Refirió que la comunidad jurídica está unida en esta demanda, porque hay compromiso con la sociedad, porque es la principal afectada.
«La sociedad deja de creer en los abogados pensando en que nosotros no tenemos ética profesional, porque su asunto no avanza, porque hay un letargo, un procedimiento que por Ley lo marca en tres meses en una primera instancia tarda un año o año y medio».
Es desde los últimos seis años cuando se han estado presentando estas irregularidades, y con la pandemia se agudizó, por lo que urge que de manera inmediata se tomen acciones.
El abogado señaló que ya no creen en promesas, comunicados o foros, quienes que se refleje en la actividad día a día haya un cambio.
Se ha convocado a una segunda reunión al 7 de febrero a las 10:00 horas, para evaluar si hubo disposición y cambio de ideología.
Cabe destacar que este lunes 13 de diciembre, un grupo de abogados de diversos organismo, y de la comunidad jurídica, se manifestaron en el exterior de Palacio Legislativo, planteando un serie de demandas para mejorar la impartición de justicia.
Así mismo, el Supremo Tribunal de Justicia dio a conocer un comunicado en el que se solidariza con la comunidad jurídica y se compromete a implementar las medidas necesarias para mejorar la impartición de justicia.
Hay solidaridad con comunidad jurídica y compromiso por implementar mejoras: STJ
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