COLIMA.- El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, Bernardo Alfredo Salazar Santana, señaló que de no incrementarse el presupuesto para este Poder, continuarán enfrentando problemas financieros a fin del próximo año, como ha sucedido en este.

«Hemos cubierto con el apoyo del Gobierno del Estado y las transferencias, hemos cubierto tardíamente, porque fue el martes de esta semana (24 de noviembre), que cubrimos la primer quincena de noviembre, pero seguimos pendientes qué va a pasar en la segunda quincena de noviembre, las dos de diciembre, pago de aguinaldos, prima vacacional y las prestaciones de fin de año».

Se dijo confiado en lo señalado por la mandataria estatal, Indira Vizcaíno Silva, que se estaba buscando con el apoyo del gobierno federal que con un recurso de mil 500 millones de pesos se pudiera cubrir a toda la burocracia estatal, incluyendo al Poder Judicial.

Dio a conocer que hay una reunión pendiente, entre los diez magistrados y la Gobernadora de Colima, para ver el tema de cierre de fin de año, en donde se le informarán las necesidades de financiamiento, que se estiman en alrededor de 48 millones de pesos, para una plantilla de cerca de 630 personas incluyendo a jubilados y pensionados.

Al hablar del presupuesto para el Poder Judicial en el 2022, consideró que está muy castigado, porque se estableció por debajo de la cantidad que se requiere, señalando que se estableció un tope de 238 millones de pesos aproximadamente, cantidad insuficiente para cubrir salarios, ya que por lo menos se requerirían 130 millones más para poder cumplir adecuada y correctamente con nómina y gasto operativo, es decir un total de 360 millones de pesos.

«No se ve muy alentador el siguiente año, vimos que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado el rubro de transferencias para el Poder Judicial, para que pueda cumplir con sus compromisos está muy por debajo de lo que se necesita», expresó Salazar Santana.

Señaló que se está solicitando una reunión con la Comisión de Presupuesto de la LX Legislatura que preside el diputado Julio Cano, para analizar las necesidades reales del Poder Judicial, ya que se había presentado un anteproyecto de presupuesto.

«No se está considerando en el presupuesto global lo que realmente se necesita en términos básicos para cumplir con la función, si quisiéramos un presupuesto ideal para poder crecer, meter infraestructura moderna, modernizar el sistema de comunicaciones de tecnologías, sería todavía mucho mayor, andaría oscilando en los 400 millones».

Al cuestionarle si les alcanzará el monto presupuestado, Salazar Santana mencionó que no les ajustaría, y al final del 2022 estarían en la misma situación que están ahorita, y en la que han estado desde hace muchos años, alrededor de 15, y en la situación crítica de los últimos dos años.

«2019 y 2020 fue una situación crítica porque siempre dependíamos del apoyo extraordinario que se daba a fin de año para poder cumplir con los compromisos, considerando que el presupuesto no ajustaba y el 2019 y 2020 no hubo apoyos extraordinarios y por lo tanto entramos en una situación caótica y bastante crítica».

Asuntos laborales

El magistrado señaló que a 22 días de haberse puesto en marcha los Juzgados en Materia Laboral en Colima, solo se ha presentado un caso de actividad jurisdiccional que tiene que ver con un acto paraprocesal, un patrón solicitó la intervención del Tribunal Laboral para comunicarle a su trabajador su decisión de rescindirle el contrato.

«Creemos que una vez que esté completamente regularizada, activada y que se hayan agotado las instancias de la conciliación, ante el Centro de Conciliación del Estado a cargo del licenciado Hugo Vergara, y ante los mediadores y no se llegue a un entendimiento entonces empezaremos a recibir las demandas de juicios laborales».

Refirió que la intención de este sistema es que la mayoría de los asuntos se resuelvan en conciliación y que solo un 20 por ciento llegue a la instancia jurisdiccional.

Salazar Santana señaló que se tenía un registro, en promedio, en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de cinco o seis mil asuntos en trámite por cada una, es decir entre 15 y 18 mil asuntos pendientes en el estado. Considerando estos datos, se prevé que podrían llegar a judicializarse 3 y 4 mil 600 casos.

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