Colima.- El municipio de Colima registró 12 mil 773 infracciones viales, hasta el 17 de julio, informó Oswy Delgado Rodríguez, juez cívico y coordinador de jueces cívicos del Ayuntamiento de Colima.
El funcionario detalló que aproximadamente 48 por ciento de las personas infraccionadas ha acudido ante los juzgados cívicos para ejercer su derecho de audiencia, lo que representa más de 6 mil ciudadanos atendidos.
Explicó que quienes reciben una boleta de infracción tienen la posibilidad de presentar argumentos, pruebas o evidencias para manifestar su inconformidad y demostrar, en caso de que así corresponda, que existió alguna inconsistencia o arbitrariedad en la aplicación de la multa.
A partir de la revisión de cada caso, los jueces cívicos pueden determinar ratificar la infracción, emitir una amonestación, aplicar un descuento o cancelar totalmente la boleta.
Delgado Rodríguez aseguró que el incremento en las infracciones no obedece a un objetivo recaudatorio, sino principalmente a una estrategia de prevención de accidentes y fortalecimiento de la cultura vial.
De acuerdo con los datos proporcionados, durante 2024 se registraron entre 25 mil y 26 mil infracciones, mientras que en 2025 la cifra aumentó a casi 29 mil. Para 2026, hasta el 17 de julio, ya se habían contabilizado 12 mil 773.
El juez cívico añadió que únicamente entre 1.5 y 2 por ciento de las infracciones terminan siendo impugnadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
En materia de faltas administrativas, Delgado Rodríguez informó que durante todo 2025 fueron detenidas alrededor de mil personas, mientras que hasta el 17 de julio de 2026 se contabilizaban 516 detenidos, lo que representa una disminución respecto al periodo de referencia.
Indicó que el principal motivo de detención es alterar el orden público, seguido de situaciones relacionadas con personas que se encuentran en estado de ebriedad, ya sea por deambular en esas condiciones o por conducir bajo los efectos del alcohol.
Entre las conductas que generan especial preocupación se encuentra el desacato a la autoridad, particularmente entre algunos motociclistas y conductores que no atienden las indicaciones de los agentes viales cuando se les solicita detenerse.
Advirtió que ignorar las instrucciones de los agentes puede generar situaciones de mayor riesgo, como persecuciones y accidentes, además de que constituye una de las infracciones más costosas.
La multa por desacatar una instrucción legítima de la autoridad puede ir de 31 a 60 UMAs, lo que representa un pago de hasta aproximadamente 6 mil pesos.
Ante la proximidad de celebraciones y temporadas de mayor convivencia, el juez cívico llamó a la población a disfrutar de los espacios de recreación de manera responsable.
Señaló que las autoridades municipales preparan acciones preventivas en zonas donde se concentra un mayor número de personas y existe consumo de bebidas alcohólicas, con el propósito de evitar que quienes se encuentren en estado inconveniente conduzcan y puedan provocar accidentes.
Delgado Rodríguez enfatizó que los conductores tienen la responsabilidad de proteger no solamente su propia integridad, sino también la de sus acompañantes y terceros.
Finalmente, destacó que los juzgados cívicos mantienen coordinación con instituciones como Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa, bajo la premisa de brindar atención a la ciudadanía, escuchar sus planteamientos y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales.
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