Colima entre las entidades con menos prevalencia de corrupción: Inegi

Aguascalientes.- En México, 56.7 por ciento de la población de 18 años y más considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad federativa donde reside, solo por detrás de la inseguridad y la delincuencia.

Sin embargo, Colima se encuentra entre las entidades con las menores prevalencias de corrupción con un porcentaje de 10.6 por ciento de personas de 18 años y más que han sufrido actos de corrupción con algún servidor público.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a propósito del Día Internacional contra la Corrupción que se conmemorará el 9 de diciembre, señaló que entre las entidades con menores índices también se encuentran Guanajuato 9 por ciento, Puebla 9.6 por ciento y Veracruz 10.6 por ciento, al igual que Colima.

Por el contrario los estados con mayor porcentaje de víctimas son la Ciudad de México con 20.1 por ciento, seguida de Quintana Roo con 17.6 por ciento y Morelos con 17.2 por ciento.

Inegi destacó durante 2017, 14.6 por ciento de la población de 18 años y más que tuvo contacto con algún servidor público sufrió algún acto de corrupción, siento ésta la media nacional.

Por su parte, la proporción de población que piensa que la corrupción es un acto frecuente en su entidad federativa pasó de 83 por ciento en 2011 a 91.1 por ciento en 2017.

Además, en 2017, a nivel nacional se observó un aumento de poco más de dos puntos porcentuales en el porcentaje de población víctima de corrupción respecto a lo estimado en 2015 y 2013.

Comportamiento histórico

Entre 2015 y 2017, la prevalencia de corrupción en el país aumentó dos puntos porcentuales, motivado principalmente por el incremento en la prevalencia en 20 entidades.

Algunas de ellas, como Chiapas, Aguascalientes, Nuevo León y Zacatecas duplicaron el porcentaje de víctimas de corrupción respecto a la prevalencia observada en 2015.

Por su parte, en algunas entidades la prevalencia de corrupción se redujo en esos dos años, siendo Sinaloa, Morelos y Puebla las que tuvieron mayor disminución con 4.2, 2.9 y 2.7 puntos porcentuales, respectivamente.

Los cambios en esos años sugieren una mayor propensión al empeoramiento en la frecuencia de actos corrupción a que se observe una situación de mejora.

A nivel nacional, el contacto con autoridades de seguridad pública, permisos relacionados con la propiedad o trámites ante el Ministerio Público fueron los espacios donde se han observado las mayores prevalencias de corrupción: 59.5 por ciento de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, 30.7 por ciento de las que tramitaron permisos relacionados con la propiedad y 25.1 por ciento de las que realizaron trámites ante el Ministerio Público, observándose asimismo un aumento en la frecuencia de corrupción en esos trámites entre 2015 y 2017. Por su parte, hubo una reducción en la prevalencia de corrupción en los trámites en juzgados o tribunales de justicia.

Denuncia

Un aspecto importante en el combate a la corrupción es la denuncia. Sin embargo, en 2017, 82.6 por ciento de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de corrupción no denunció el delito.

Hay variaciones entre entidades: Quintana Roo, Colima y Michoacán son las entidades con las mayores tasas de denuncia, con 38.7 por ciento, 30.4 por ciento y 26.8 por ciento de víctimas que dieron cuenta a las autoridades, respectivamente.

Los principales motivos de la población para no denunciar los actos de corrupción se relacionan con la falta de confianza en las autoridades para atender el caso.

Dos datos que sobresalen es que casi tres de cada 10 víctimas de corrupción no denunciaron por que obtuvieron algún beneficio o bien, porque consideraron que la corrupción es una práctica común.

Sistema Nacional Anticorrupción

La importancia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) radica en la posibilidad de diseñar e instrumentar acciones integrales en materia de prevención, control, y sanción de hechos de corrupción mediante la coordinación de distintas instituciones en los tres órdenes de gobierno.

La coordinación con las autoridades locales competentes requiere que, a través de la instauración de los Sistemas Locales Anticorrupción, las entidades federativas homologuen el SNA para trazar acciones homogéneas a lo largo del país.

Al cierre del año 2018, las 32 entidades habían realizado reformas a la Constitución local y expedido la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción; además, 31 entidades habían realizado las adecuaciones pertinentes a la Ley Orgánica de la Administración Pública y, en total, 20 entidades habían concluido la armonización legislativa.

Entre las entidades con menor avance en la armonización se encuentra Veracruz con cuatro normativas pendientes; Nayarit, Chihuahua, Tlaxcala y Coahuila con tres, siendo la Ley de Responsabilidades Administrativas la que en siete estados aún no se había promulgado al cierre de 2018.

Respecto a la conformación de órganos para la integración de los Sistemas Locales Anticorrupción, 31 entidades habían integrado el Tribunal de Justicia Administrativa y 30 contaban con Fiscalía Anticorrupción u homologa. No obstante, los rezagos para integrar el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador del Sistema, así como la Secretaría Técnica del Sistema, dejaban a ocho entidades sin la conformación de todos los órganos del Sistema Local Anticorrupción.

Prevención

Parte de las atribuciones del SNA es el diseño e implementación de la política pública en la materia a nivel nacional, la cual debe delinear las estrategias y acciones para la prevención, control y sanción de la corrupción.

Al indagar sobre la consideración estratégica de la lucha contra la corrupción dentro del Plan o Programa de Desarrollo Estatal (PDE), se encontró que de las 29 entidades que en 2018 contaron con un PDE, 24 indicaron que la anticorrupción y el control interno de la administración pública eran ejes rectores, mientras que en tres más se incluyeron uno de los dos temas como eje rector de sus instrumentos programáticos.

Otros temas que fueron identificados como ejes rectores de los PDE, fueron: seguridad pública, desarrollo urbano, desarrollo social y desarrollo económico. En contraste, temas como el de justicia cívica, manejo de residuos y reinserción social fueron los menos considerados por las entidades en sus programas de desarrollo.

De las 26 entidades que incluyeron el tema de combate a la corrupción en su PDE, Colima, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Tabasco no contaron con un instrumento programático específico.

Por su parte, Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Querétaro y Sonora estaban en proceso de integrarlo y las 15 entidades restantes sí contaban con un plan o programa anticorrupción.

Nuevo León y Veracruz reportaron tener un plan anticorrupción pese a que el primero no indicó considerarlo como eje rector de su PDE y el segundo señaló estar en proceso de integrar un PDE. Lo que resulta en un total de 17 estados en el país que tenían un programa anticorrupción en 2018.

Respecto al tipo de acciones incluidas en los planes estatales anticorrupción, destaca la capacitación con base en códigos de ética y el fortalecimiento de mecanismos de denuncia ciudadana, las cuales estuvieron contempladas en casi todos los programas estatales anticorrupción. BP