Ciudad de México.- Una vez más, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a detener la Ley de Seguridad Interior por considerarla violatoria de los derechos humanos.
En esta ocasión pide a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva las impugnaciones en contra de la Ley para que se declare su inconstitucionalidad.
“Ya que se considera que el Congreso de la Unión no tenía facultades constitucionales para expedirla, al estimarse que la Seguridad Interior no es una vertiente de la Seguridad Nacional.”
La CNDH considera que la Ley perpetúa un estado de inconstitucionalidad contrario al respeto de los derechos fundamentales y dignidad de las personas.
A su vez, hace una puntualización en el artículo 20 de la Ley que establece la subordinación plena de las autoridades civiles al mando de las Fuerzas Armadas.
La Comisión reconoció el trabajo de los ministros al aceptar las impugnaciones de algunos temas, sin embargo expresó su preocupación por el reconocimiento de validez constitucional en los siguientes temas:
- Incompetencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior
- Falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas
- Subordinación de las autoridades civiles al mando de las Fuerzas Armadas
- Facultad de las autoridades militares para solicitar cualquier información.
“Para esta Comisión Nacional, aun cuando las posibles declaraciones de invalidez proyectadas en diversos puntos abonan a la protección de los derechos humanos, su subsistencia genera incertidumbre jurídica cuando el resto de la norma continúa vigente, ya que generan diversos vacíos normativos.”
Al igual que en otras ocasiones, la CNDH señaló que existe imprecisión en algunos conceptos que aparecen en la Ley de manera amplia e indeterminada.
El problema que diversos actores han señalado es que dichos conceptos pueden ser interpretados de distinta manera y con ello se verían afectados los derechos humanos de las personas.
“Riesgo”, “amenaza a la seguridad interior”, “uso legítimo de la fuerza” y “amenazas” son algunos de los conceptos amplios y ambiguos que la Comisión y otras entidades políticas han impugnado desde la promulgación de la Ley en diciembre de 2017.
Otra de las preocupaciones de la CNDH es que las fuerzas de seguridad pueden realizar acciones en comunidades indígenas, afectando su conformación política de usos y costumbres.
“Esta Comisión Nacional solicita al Máximo Tribunal del país declare la invalidez de las disposiciones que señalan de manera abierta la entrega de todo tipo de información, sin distinción, en posesión de las autoridades y órganos autónomos, so pretexto de la realización de tareas en materia de seguridad interior.”
En ocasiones anteriores, la Comisión había señalado su inconformidad de considerar a las Fuerzas Armadas como una solución a las tareas de seguridad pública.
“Por el contrario, deben privilegiarse la formación y capacitación de policías; la inteligencia financiera y la investigación patrimonial; el fortalecimiento de la prevención, como la atención de las desigualdades, privilegiando y atendiendo el ejercicio de los derechos sociales, así como la atención del tráfico de armas, además de realizar una revisión y replanteamiento de nuestro sistema penitenciario.”
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