Colima.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) considera que el Ayuntamiento de Villa de Álvarez vulnera los derechos humanos de los menores de edad al no impedir su ingreso a las corridas de toros, en las que públicamente, se hiere y sacrifica al animal.
Además, la comuna evade su responsabilidad al delegar esta tarea a los tutores o padres de familia, así lo afirma Sabino Hermilo Flores Arias, presidente de la CDHEC.
«Trastoca el derecho de las niñas y los niños a vivir en ambientes sanos y a su sano desarrollo que está en la Ley estatal de niñas, niños y adolescentes, pero también en la Declaración universal para la protección de los derechos de los niños y en la misma Constitución en su artículo cuarto que llama a atender el interés superior del menor».
Fue el año anterior cuando el Ayuntamiento villalvarense rechazó la recomendación de la Comisión al argumentar que la facultad del ingreso de los menores a las corridas de toros corresponde a los padres o tutores.
El ombudsman afirmó que con este argumento, la comuna ignora el derecho superior de los menores a vivir en ambientes libres de violencia.
«No comparto en absoluto esta negativa, porque bajo ese argumento yo como padre de familia podría hacerme acompañar de mi hijo para que ingresara a algún otro espectáculo como pudiera ser donde hay sexo explícito, ingesta de bebidas embriagantes».
«Sí tiene injerencia la autoridad para salvaguardar. no solamente el derecho del padre o madre acerca de la educación de los hijos, sino el que los menores de edad se desarrollen en ambientes libres de violencia, y sí tendríamos que hacer una ponderación, el interés superior del menor mandata que nos inclinemos a salvaguardar sus derechos sobre cualquier otro».
Flores Arias recordó que estos espectáculos operan con licencia del Ayuntamiento.
Recordó que existe la posibilidad de que el Congreso llame a la comuna para que responda por la razón de su negativa.
Pero para que ello ocurra, antes, el ayuntamiento de Coquimatlán, también debe corte panista, debe responder a la Comisión Estatal sobre su respuesta a esta recomendación emitida a los 10 ayuntamientos.
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