El Congreso del Estado reformó al Código Penal del Estado de Colima, por lo que ahora al expedir cheques sin fondos se comete el delito fraude, cuya penalidad aprobada es de seis meses a ocho años de prisión y multa de hasta 85 salarios mínimos.
Lo anterior, con la intención de proteger el patrimonio de los productores agrícolas colimenses, en votación unánime
Con la adición a las fracciones VI y VII del artículo 223 del Código Penal para el Estado de Colima, se tipifica como delito de fraude equiparado en perjuicio de productores agropecuarios, pesqueros o forestales, cuando habiendo celebrado un convenio de comercialización de sus productos, mediante engaños, artificios o maquinaciones, se incumpla con la obligación del pago pactado, y cuando se gire o libre un cheque a sabiendas de no tener cuenta ante instituciones bancarias, estar ésta cancelada o carecer de fondos suficientes para cubrir el pago respectivo.
La reforma penal, que fue iniciativa del diputado priista Germán Virgen Verduzco, tuvo como origen la inconformidad de diversos productores agrícolas víctimas de comerciantes de otras entidades federativas, que no les cubren el pago correspondiente a los productos frutícolas que les venden; esto es, les compran sus productos pagando con cheques, mismos que al pretender hacer efectivo ante las instituciones bancarias, resulta que el librador del documento no cuenta con fondos suficientes para cubrir el pago, o la cuenta correspondiente se encuentra cancelada.
Virgen Verduzco mencionó que esa situación está convirtiéndose en un grave problema para el productor, pues se le deja en ocasiones sin el pago de su producto y arrastrando una serie de adeudos, como el pago de los insumos aplicados a sus labores para obtener la cosecha.
El diputado por el municipio de Ixtlahucán señaló que otra práctica dolosa detectada entre los compradores de productos frutícolas, es que éstos ya no se presentan personalmente al campo a realizar la compraventa, pues envían a empleados, que son personas desconocidas para los productores, dándoles chequeras para comprar al productor la fruta, librando cheques a sabiendas de no tener cuenta en las instituciones bancarias, estar ésta cancelada o sin contar con fondos suficientes para cubrir su pago, con toda la intensión de no pagar en detrimento de la economía del productor.
Por ello, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, responsable de dictaminar la iniciativa, consideró fundada la propuesta de reforma, pues ahora se protegerá y salvaguardará el patrimonio y trabajo de productores agropecuarios, pesqueros o forestales o de cualquier persona que se dedique a cualquier actividad y le sea librado un cheque sin tener cuenta bancaria, estar la misma cancelada o carecer de fondos suficientes para cubrir el pago correspondiente.
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