México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo de recursos económicos del desaparecido Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) por más de 420 millones 430 mil 600 pesos en el Estado de Colima.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó auditorías en todos los estados del país sobre el uso de dicho fondo de 2012 a 2014.
AFmedios publicó desde mayo del 2013 en su revista ReporteAF, algunos aspectos que meterían en problemas a la Administración de Mario Anguiano Moreno, por el manejo de este fondo.
Las irregularidades detectadas llevaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a presentar nueve denuncias penales, por delitos cometidos desde 2012 hasta 2014 contra los estados de Colima, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Tabasco y Chiapas.
En auditorías practicadas en todo el país al FAEB de 2012 a 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a dos años de haber cerrado este Fondo, detectó “un daño patrimonial por siete mil 886 millones 643 mil 500 pesos, porque los estados de Colima, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Sinaloa y Tabasco utilizaron esos fondos para pago de aviadores, deudas de otras partidas y para cubrir sus acuerdos sindicales”.
El FAEB fue uno de los Fondos federalizados que todos los gobiernos estatales usaron como caja chica para cubrir otros gastos y hace dos años se transformó en el Fondo de Operaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, que administra centralmente la SEP.
Las nueve denuncias penales involucran un total de siete mil 886 millones 643 mil 500 pesos; pero el 60.7% de ese dinero involucra sólo a dos entidades, Oaxaca y Michoacán, pues juntas suman daños patrimoniales por cuatro mil 792 millones 753 mil 700 pesos.
Con base en la información de la ASF, que puede ser consultada en su sitio web, como resultado de la revisión de las cuentas públicas del 2012, interpuso tres demandas penales contra los gobiernos de Tabasco, Sinaloa y Oaxaca.
La auditoría número 533 mostró que Tabasco mezcló 790 millones 273 mil 700 pesos del FAEB con otros fondos presupuestales, lo cual no está autorizado, pues el FAEB estaba etiquetado de origen sólo para educación; otros 10 millones 314 mil 800 pesos los destinó a rubros que no estaban autorizados y 27 millones 997 mil 100 pesos a comisiones sindicales indebidas; el daño patrimonial total fue de 828 millones 585 mil 600 pesos.
Otra auditoría, la 531, aplicada a las finanzas de Sinaloa, permitió a la ASF detectar que 509 millones 913 mil pesos del FAEB los trasladó a otras cuentas; pagó 151 millones 987 mil 300 pesos a empleados que no acudieron a su centro de trabajo; 160 millones 319 mil 700 pesos a empleados que fueron contratados, a pesar de no cumplir con los requisitos, y 49 millones 344 mil 800 pesos se destinaron a operaciones no autorizadas, para hacer un total de 871 millones 564.8 mil pesos en daño patrimonial.
Al gobierno de Oaxaca, ya encabezado por Gabino Cué, le detectaron en la auditoría 524 que canalizó 14 millones 147 mil 700 pesos a centros de trabajo que no estaban autorizados para recibir dinero del FAEB; 21 millones 445 mil 700 pesos al pago de aviadores; 485 millones 959 mil 700 pesos al pago de Adefas; 262 millones 30 mil 100 pesos a satisfacer los acuerdos con la CNTE; 49 millones 439 mil 700 pesos para el pago indebido a comisiones sindicales y 112 millones 277 mil 300 pesos para cubrir adeudos por el impuesto de 2% sobre nómina; en esa demanda penal, el total de dinero involucrado es de 945 millones 309 mil 200 pesos.
En la auditoría del año 2013, la ASF detectó irregularidades en cuatro entidades. La auditoría 599 detectó un daño patrimonial en Oaxaca por 313 millones 145 mil 400 pesos por violación a la normatividad en el uso de recursos del FAEB; la auditoría 591 detectó la misma irregularidad en Michoacán, pero con el involucramiento de dos mil 467 millones 638 mil pesos.
La auditoría 578 mostró que el gobierno de Colima incurrió en la misma irregularidad, pero por un monto de 420 millones 430 mil 600 pesos y la auditoría 571 aplicada al gobierno de Chiapas detectó el mismo delito, por un monto de 973 millones 308 mil 500 pesos.
Y como efecto de la revisión a la Cuenta Pública 2014, detectó en la auditoría mil 74, que el gobierno de Oaxaca utilizó mil 66 millones 661 mil 100 pesos para cubrir las comisiones sindicales que exigió la CNTE, sin que existiera sustento legal para autorizarlas, señala parte de la auditoría practicada por la ASF.
