Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador admitió que existe un error en la iniciativa de Ley de Guardia Nacional donde se especifica que los estados y municipios pagarán por los servicios de este cuerpo castrense, tal y como lo manifestó un periodista en la conferencia matutina de ayer.
El pasado martes un periodista cuestionó al presidente sobre el cobro de una cuota para el funcionamiento de la Guardia Nacional, cuando algunos de ellos tienen conflictos económicos.
El mandatario negó que esto fuera cierto y aseguró que era imposible que el señalamiento tuviera verdad, pues aún no se habían trazado las leyes secundarias de la Ley General de Guardia Nacional.
“Mira, con todo respeto, no es cierto lo que estás diciendo. (…) En que se vaya a cobrar, no existe en la reforma a la Constitución nada. (…) No, ni siquiera se han presentado las leyes secundarias.”
Pero este miércoles, el discurso del presidente cambió y admitió que, en efecto, el documento de trabajo que está siendo analizado y discutido por el Congreso si establece el pago de estados y municipios, con lo cual aseguró estar en desacuerdo.
“Pero yo te dije que no envié las iniciativas, de que no existía eso, pero sí existe; o sea, tenías tú la razón. Ya se va a quitar para que no haya ninguna duda. Entonces, aquí vamos a ir corrigiendo, vamos a que las cosas sean como son realmente”.
El mandatario federal aseguró que no le importa ofrecer disculpas cuando se equivoca y rectificará sus errores para no caer en la autocomplacencia.
Política de Comunicación Social
Este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, donde se establece equidad en la distribución de recursos.
Jesús Ramírez cuevas, coordinador General de Comunicación Social, indicó que de esta manera se busca tener una inversión horizontal en los medios de comunicación, evitando privilegiar a medios específicos.
Destacó que desde el inicio de la gestión las campañas se han llevado a cabo bajo el principio de austeridad y en tiempo oficiales.
La Política de Comunicación Social publicada cambia los contratos anuales con medios, por solicitudes de servicios en función de las necesidades del gobierno.
Los objetivos, indicó Ramírez Cuevas, son garantizar la libertad de expresión, transparentar las acciones gubernamentales, informar a la sociedad y propiciar la democratización del ecosistema mediático.
“Queda prohibido, esto es explícito, queda prohibido hacer propaganda gubernamental para presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a los comunicadores.”
El coordinador de comunicación aclaró que en los portales especializados se dará a conocer quiénes reciben pagos por campañas y servicios de publicidad, así como los gastos de campaña de Comunicación Social de las dependencias y de la propia Comunicación de Presidencia.
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